La referencia es al proyecto de Ley de Tasa Vial de Nueva Esparta propuesto por el Ejecutivo Regional, y que aparentemente ya fue sometido a consulta pública de acuerdo a lo señalado por el presidente del Servicio Desconcentrado de Administración Tributaria del estado Bolivariano de Nueva Esparta, Sedatebne, Omar Veracierto, pero que, al menos los empresarios, hasta el momento, desconocen.

Al respecto, Jesús Irausquín, presidente de Fedecámaras, dijo que la noticia ha generado intranquilidad en quienes representa la institución, porque significa un costo adicional para quienes escojan el destino para vacacionar, precisamente cuando los mayores esfuerzos se hacen en lograr ventajas comparativas con otros lugares geográficos de recreación tanto en tierra firme como en el Caribe.

Irausquín dijo que están girando comunicaciones a los entes involucrados para reunirse y evaluar la situación, pues en el marco de la ley de armonización tributaria es poco lo que se ha alcanzado, y mas bien pareciera haber un contrasentido que perciben como delicado, pues la vulnerabilidad de la economía no permite más elementos negativos.

Irausquín señaló que la propuesta que llevarán al Ejecutivo y legisladores, es considerar la pertinencia de tal tributo, la garantía de que tenga resultados realmente visibles, y el balance entre aceptación y rechazo, pues también es de destacar que dicha Ley incluye a los habitantes que entren y salgan de la región, y sabemos que esto no solo pasa por recreación sino por razones de salud, emergencias y trabajo.

“Lo que queremos es que el término voracidad fiscal que, con razón, se le ha acuñado a la gestión municipal y regional en todos los estados del país, no siga siendo la principal amenaza del crecimiento de las empresas, ni el detractor de la economía familiar, ya que de nada servirá unas arcas en progreso mientras los generadores de recursos disminuyen su capacidad de acción”, enfatizó el presidente de Fedecámaras, afirmando que procurarán una pronta reunión con las autoridades de la región y que en términos de justicia administrativa puedan establecerse acuerdos antes que se llegue a alguna aprobación definitiva.