26 May, 2016 | Una lluvia de voluntades. Millones de firmas en horas. Comportamiento cívico y democrático. Eso fue lo que se vivió el día que los venezolanos masivamente se volcaron a las calles de todo el país para mostrar su firme decisión de revocar a Nicolás haciendo uso de un recurso constitucional (Art. 72), pacífico y democrático. A nadie le debe quedar dudas.

Dio gusto ver a ciudadanos -infinidad de jóvenes, por cierto- de distintos estratos sociales, partidos e ideologías así como por primera vez a funcionarios públicos (sin temor alguno y mostrando la cara) además de obreros, profesionales, amas de casa y estudiantes; todos unidos en un solo grito: ¡Nicolás vete ya!, y llévate contigo tu mamarrachada de revolución fuera de nuestras vidas, agregamos nosotros.

Así -con esa fiesta cívica y republicana- se dio inicio al largo y tortuoso camino del Referendo Revocatorio. Esto lo afirmamos porque hemos visto -sin sorpresa alguna- que desde antes de esa inolvidable fecha las cuatro militantes rojas del CNE han hecho lo imposible por entorpecer la realización del mismo.

Para la entrega de las planillas y, sin ningún tipo de razón, ni explicación, se demoraron casi dos meses. Entre gallos y medianoche y sin base normativa alguna se inventaron que solo las "agrupaciones de ciudadanos" podrían solicitar el revocatorio (algo que no aparece en la Constitución) y que era obligatorio para tal fin la recolección del 1% del padrón electoral y que solamente así, el ministerio electoral del régimen autorizará dicha agrupación y que, además, luego de verificadas las rubricas los firmantes deben revalidar (?) su voluntad.

También señalan que el lapso para la recolección debe ser treinta días y de forzoso cumplimiento. Sin embargo, conocedores del tema alegan que haciendo uso del principio de la celeridad apenas se reciban las firmas hay que proceder a su verificación y no después de un mes. Otros argumentan, y con razón, que los treinta días “son un lapso y no un término”. La tramposa jugada de las rectoras escarlatas no es otra que consumir tiempo y obstaculizar la consulta popular.

El alcalde de Libertador (y según parece, también rector externo en funciones) junto al inefable Escarrá se han unido a la gavilla. El primero exige que PUS valide las firmas cuando esa no es su competencia ni su función. Solo, y con todo derecho, podrán tener veedores en el proceso de verificación y el otro peculiar personaje amenaza con activar terrorismo judicial ante el lisonjero cómplice de la justicia escarlata. El proceso debe ser expedito tomando en cuenta que en solo dos días "validaron" oficialmente 10 millones de firmas en contra del decreto Obama. Se exige la misma eficiencia y rapidez.

El régimen y sus cómplices instituciones deben hacer lectura correcta de la situación por la que atraviesa el país evitando violentar la voluntad popular. No deben caer en la tentación de obstruir el libre paso a lo que la Constitución establece. El país es una olla de presión. Un estallido social, una confrontación entre hermanos o una asonada militar puede llevarnos a un camino de no retorno. Dejen quieto lo que está quieto. Yo revoco.