Mauricio Brin dijo que en estos contratos el sector privado busca los recursos. / Foto: DANIEL RAMÍREZ

2 Ago, 2015 | El gremio de constructores privados impulsa asociaciones con el sector público que permiten el desarrollo de infraestructura pública sin utilizar los fondos de la nación.

Mauricio Brin ofreció una conferencia sobre las Asociaciones Público-Privadas (APP), un esquema mediante el cual las constructoras privadas aseguran el financiamiento de organismos multilaterales o entidades bancarias para la construcción y mantenimiento de infraestructura pública.

La inversión hecha es posteriormente recuperada mediante un acuerdo de concesión o pago a plazos por parte del Estado.

Brin señaló que en los últimos años se han diseñado una serie de contratos que permiten al sector privado recuperar su inversión, posibilitan al Estado ampliar y mejorar la infraestructura pública sin restarle al presupuesto nacional y garantiza a los ciudadanos obras y servicios públicos modernizados.

“No hay que esperar que la obra no se hace porque el Estado no tiene recursos, porque nunca tiene suficiente dinero para financiar la infraestructura necesaria”, dijo Brin.

La legislación venezolana cuenta con una Ley de Promoción de la Inversión en Infraestructura que contempla este tipo de alianzas.

Un punto importante en este tipo de asociaciones es la claridad y minuciosidad del contrato con el propósito de regular las obligaciones del Estado con los privados y viceversa.

Para estimular la participación del sector privado, el Estado debe proteger a los inversionistas de riesgos surgidos por cambios legales, mediante la provisión de garantías financieras.

En estos acuerdos, el Estado mantendrá su potestad de expropiar terrenos privados con el fin de construir obras de interés público.

Brin indicó que otros países del continente ya tienen un camino recorrido en la suscripción de APP, tanto para la construcción como para el mantenimiento de infraestructura social, citando los casos de Brasil y Colombia donde ya se han concretado acuerdos por el orden de los miles de millones de dólares.

En Venezuela, sugirió Brin, podría iniciarse con proyectos más modestos que permitan acumular las primeras experiencias para avanzar hacia obras de mayor complejidad e inversión.

Estudio

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello se encargó de evaluar la factibilidad técnica y legal de las APP en Venezuela. Ricardo Rivas Vetencourt, integrante del equipo investigador, concluyó que las constructoras privadas nacionales y el marco jurídico venezolano son acordes para trabajar bajo este esquema de alianzas.

“Ya tenemos herramientas para que los protagonistas de los proyectos se sienten a negociar, estamos hablando del sector privado, público y organizaciones vecinales”, dijo Rivas Vetencourt.

El estudio analizó la factibilidad de siete proyectos seleccionados entre un grupo de 400 propuestas que archiva la Cámara Venezolana de la Construcción.

Los casos considerados fueron: tramo nororiental ferroviario hasta Puerto Ordaz, Puerto de Manicuare, acueducto Luisa Cáceres de Arismendi desde Sucre a Nueva Esparta, proyecto vial Cota 500 en Aragua, vialidad perimetral al sur de Valencia, Puerto de Higuerote y estaciones de transferencia de desechos sólidos para los municipios Chacao y Baruta del área metropolitana de Caracas.

Desinformación

El presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del estado Nueva Esparta (Ciene), Daniel Olivares, resaltó que las Asociaciones Público-Privadas ratifican que la participación del sector privado es esencial para el desarrollo.

El titular del Ciene expresó que el caso de la construcción de un proyecto de 2.500 apartamentos en la avenida La Auyama es un ejemplo de desinformación, en la que el Gobierno mantiene a las organizaciones vecinales y colegios profesionales sobre proyectos que afectan la calidad de vida de numerosos habitantes. Le preocupa que no aún no se haya aclarado cuáles inversiones en servicios públicos se harán para que la construcción de estas viviendas no presione aún más los servicios públicos que demanda esta zona residencial y comercial entre los municipios Mariño y Maneiro.