Escuela Juan Ramón Aguilera en espera por reconstrucción desde mayo de este año. / Foto: OSKARINA ASTUDILLO

12 Oct, 2014 | La educación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Por lo tanto, niños, niñas, adolescentes y adultos, deben tener la posibilidad de ser educados en infraestructuras acondicionadas para tal fin.

Esta premisa no se cumple en el sector Chacachacare, municipio Tubores, donde sus habitantes denuncian que 210 niños de la Unidad Educativa Estadal Juan Ramón Aguilera, están recibiendo clases de forma dispersa, desde que se demolió la escuela en mayo de este año, por ser considerada de riesgo para alumnos y profesores.

Mailobis Vásquez, quien integra el comité de padres, madres y representantes, destacó que Protección Civil hizo una inspección en la zona y determinó que el plantel no cumplía las condiciones sanitarias para funcionar por un problema en el pozo séptico y por ello tuvo que ser desalojada en febrero, y luego demolida en mayo.

Acusó a la autoridad única de Educación, Noris Soto, de dar información falsa sobre los acontecimientos que llevaron a derribar la escuela.

"Escuchamos a Noris Soto dos veces en radio, diciendo que la escuela tuvo que ser desmantelada porque le cayó un árbol encima. Quiero decir que esto es falso, jamás pasó eso", reiteró Vásquez.

Cuando se tomó la decisión de derribar la institución, la autoridad de Educación aseguró que para este nuevo año escolar se tendría por lo menos algunas aulas acondicionadas para que los niños pudieran ir viendo clase en su escuela y no en casa de familia, centro cultural o en la sacristía, como sucede actualmente, dijo Vásquez.

La representante contó que en un principio los alumnos fueron reubicados en la Unidad Educativa Salustiano Salazar de Los Gómez, ubicado en el mismo sector, no obstante, durante los tres meses que permanecieron allí fueron víctimas de la delincuencia.

"Se robaron nuestras computadoras y hasta la comida del Programa de Alimentación Escolar (PAE) destinada a nuestro niños", expresó Vásquez.

Sumado a esto, agregó que los representantes tuvieron que aportar cerca de cuatro mil bolívares porque en dicho plantel responsabilizaban a sus hijos de los daños estructurales en esa unidad educativa.