9 May, 2024 | El pasado 30 de abril, el diario venezolano Ultimas Noticias publicó un reportaje de la periodista Odry Farnetano, respecto de otra trama de corrupción vinculada con PDVSA, en los Estado Unidos de Norteamérica. Los datos de la investigación periodística revelarían cómo se habría desarrollado un sofisticado mecanismo de extorsión en el estado de La Florida, presuntamente encabezado por Carlos Vecchio e Iván Simonovis, embajador en USA y Comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia de la Embajada de Venezuela, respectivamente, del “gobierno interino imaginario” de Juan Guaidó.
La periodista obtuvo del director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo (Alep), Alejandro Terán Martínez, una de las presuntas víctimas de este grupo, una declaración con los datos que revelarían cual sería el modus operandi de los personajes para perfeccionar la operación de extorsión.

Alejandro Terán, asegura que tras la autoproclamación del llamado interinato de Juan Guaidó en 2019 y la duplicación de los poderes públicos Ad Hoc de su “gobierno”, surgió un sistema de extorsión empresarial a todos los que tenían alguna relación con la industria petrolera venezolana. “Varias de nuestras empresas fueron víctimas de esos métodos”.

Según el director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo (Alep), un abogado de Miami de nombre Jesús Pérez Oropeza, junto a otro abogado de apellido Díaz, Iván Simonovis y, José Ignacio Hernández, “procurador” de Guaidó, visitaban a los empresarios que estaban registrados en Citgo, y les presentaban dos modalidades para “ponerse a derecho”:

-Según la primera, si la empresa tenía una deuda con PDVSA debía demandar su pago en Texas. “Ellos aseguraban convenir en el proceso y pagar los honorarios, pero a la vez, exigían repartir con ellos, el 20% de lo obtenido tras la demanda”.

-La segunda variedad de extorsión, consistía en imponer la contratación un abogado específico para optar por la licencia de la OFAC, lo cual tenía un costo de U$ 3.000.000, garantizando el otorgamiento de la misma.

“A nosotros nos visitaron en el 2020, acompañados de un ‘ex magistrado en el exilio’ que trabajaba con Luisa Ortega Díaz, Simonovis y otros dos más. Si no entrabas por el aro, amenazaban con acusarnos con el FBI para que realizaran una investigación y para que nos metieran en un expediente donde, por ejemplo, estaba ya Alex Saab, preso, acusado de violar las sanciones contra el país. Esa era la fórmula de trabajo que tenían allí, que les funcionó durante el 2019, el 2020 y el 2021″, advirtió Terán.

Según el director de la Alep, estos años de bloqueo han resultado un negocio “muy grande” para estos actores de la oposición.

Terán también contó que antes de la visita del FBI recibieron la llamada de un abogado a nombre de Carlos Vecchio, diciendo que estaban investigando a todas las empresas que tenían negocios con PDVSA, y los amenazaron con meterlos presos, “a menos que contactaran con un abogado de apellido Díaz”, quien les cobraría un millón de dólares “para resolverles el problema” y gestionarles la licencia OFAC, para ellos necesaria, pues mantenían relaciones con Chevron.

A los pocos días “les cayó el FBI” en sus oficinas. Seguidamente recibieron la visita de un fiscal, quien los intentó acusar de haber pagado sobornos a funcionarios públicos. “Fuimos a la fiscalía de Estados Unidos y demostramos que no teníamos nada que ocultar, ni que habíamos pagado coimas a funcionarios en ese país, que eran casos falsos inventados por este grupo, al que yo, particularmente denomino el Tren de Miami”.

Esta noticia pasó desapercibida para las grandes corporaciones mediáticas que permanentemente “informan sobre el caso Venezuela”, pero todo indica se conecta con las denuncias que viene formulando el Fiscal General de la República, Tareck William Saab, sobre la presunta vinculación de dirigentes políticos de primera línea de algunas de las principales agrupaciones partidistas de la opositora Plataforma Unitaria (PU), con el escándalo conocido como PDVSA-CRIPTO.

El candidato presidencial de la PU, a quién respalda la tarjeta de la MUD, de la “manito”, o como la quieran llamar, debe explicar al país cuáles son sus lazos y si tiene algún compromiso de reciprocidad burocrática en el hipotético caso de alcanzar el gobierno el próximo 28 de julio, con los señalados en estos casos de corrupción en PDVSA, y/o con sus organizaciones partidistas, que son los mismos nombres que aparecen en cuanto escándalo de corrupción se destapa, como por ejemplo en Citgo, Monómeros, los bonos 20-20 de la estatal petrolera, entre muchos otros de los que se han cometido desde el 2019, al amparo de un “gobierno interino” que nunca lo fue y de una Asamblea Nacional que como la elegida en 2014 y que cesó funciones en 2021, todavía administra fondos de la república, que le son facilitados por las autoridades estadounidenses, de las cuentas bancarias de Venezuela en esa nación, en el marco de las sanciones económicas que esos mismos personajes promovieron contra su propio país.