18 Abr, 2024 | Para quienes promueven, defienden y hasta se alegran con las más de 960 medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Venezuela por parte de los EEUU de Norteamérica y sus más incondicionales aliados en el mundo, mejor conocidas como sanciones económicas, especialmente en materia petrolera, y las defienden señalando que sólo afectan a personalidades del “régimen”, aquí le mostramos el resumen ejecutivo del estudio “Sanciones económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela”, elaborado por los investigadores estadounidenses Mark Weisbort y Jeffrey Sachs, del Center for Economic and Policy Research (CEPR), divulgado en mayo de 2019.

RESUMEN EJECUTIVO

“Este estudio analiza algunos de los impactos más importantes de las sanciones económicas impuestas a Venezuela por el Gobierno de EEUU desde agosto de 2017; y encuentra que la mayor parte del impacto de estas sanciones no se ha producido en el Gobierno, sino en la población civil. Las sanciones redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad (tanto para adultos como para menores) y desplazaron a millones de venezolanos que huyeron del país como producto del empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación. Las sanciones agudizaron la crisis económica de Venezuela e hicieron casi imposible estabilizar la economía, lo que contribuyó aún más a un mayor número de muertes. Todos estos impactos perjudicaron de manera desproporcionada a los venezolanos más pobres y más vulnerables. Incluso más severas y destructivas que las amplias sanciones económicas de agosto de 2017 fueron las sanciones impuestas por una orden ejecutiva el 28 de enero de 2019 y las órdenes ejecutivas posteriores de este año; junto con el reconocimiento de un Gobierno paralelo, que, como se muestra a continuación, creó un nuevo conjunto de sanciones financieras y comerciales que son incluso más asfixiantes que las propias órdenes ejecutivas. Encontramos que las sanciones han infligido, y progresivamente infligen, daños muy graves a la vida y la salud humanas, incluidas más de 40 mil muertes entre 2017 y 2018; y que estas sanciones encajarían en la definición de castigo colectivo de la población civil, tal como se describe en las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya, de las cuales Estados Unidos es signatario”.

LAS SANCIONES DE AGOSTO DE 2017

“Las sanciones de agosto de 2017 prohibieron al Gobierno venezolano pedir préstamos en los mercados financieros de Estados Unidos. Esto evitó que el Gobierno pudiera reestructurar su deuda externa, ya que cualquier reestructuración de deuda requiere la emisión de nuevos bonos a cambio de la deuda existente. Por lo tanto, estas sanciones impidieron que la economía se recuperara de una profunda recesión que ya había cobrado un alto precio a la población, la que junto con la economía era más vulnerable a estas sanciones y a las que siguieron como consecuencia de la crisis económica (…) Es importante recalcar que casi la totalidad de las divisas que se necesitan para importar medicamentos, alimentos, equipos médicos, repuestos y equipos necesarios para la generación de electricidad, sistemas de agua o transporte, son recibidos por la economía venezolana a través de los ingresos del Gobierno de la exportación de petróleo. Así, las sanciones que reducen las ganancias del Gobierno y, por lo tanto, los ingresos del Gobierno, reducen así las importaciones de estos bienes esenciales que en muchos casos salvan vidas (…) Es muy probable que la pérdida de tantos miles de millones de dólares en divisas y la pérdida en ingresos del Gobierno constituyeran el principal empujón que llevó a la economía a pasar de su alta inflación, cuando se implementaron las sanciones en agosto de 2017, a la hiperinflación. Otras decisiones ejecutivas tomadas por el Gobierno de Trump dieron como resultado el cierre de las cuentas venezolanas en instituciones financieras, la pérdida de acceso al crédito y otras restricciones financieras que han tenido graves impactos negativos en la producción de petróleo y en la economía”.

LAS SANCIONES DEL 2019

“Este ha sido el caso de la serie de órdenes ejecutivas que comenzaron el 28 de enero, a las que le siguió el reconocimiento de Juan Guaidó como ‘presidente interino’ de Venezuela por parte de Trump y de sus aliados. En este apartado debemos incluir no solo las sanciones que fueron explícitamente dictadas por estas órdenes ejecutivas, sino también las sanciones que fueron implícitas y activadas a causa del reconocimiento de un Gobierno paralelo; y sanciones adicionales resultantes de declaraciones, amenazas o acciones adicionales del Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Si observamos el impacto que tiene la combinación de todas estas acciones, descubrimos que redujeron drásticamente la capacidad de Venezuela para producir y vender petróleo y para vender cualquier activo extranjero del Gobierno, el más importante de los cuales fue congelado y/o confiscado; y también para usar cualquier moneda extranjera, que el país todavía pueda recibir como ingreso, para comprar importaciones esenciales”.

ALGUNAS CONCLUSIONES

“Por lo tanto, uno de los impactos más importantes de las sanciones, en términos de sus efectos en la vida humana y la salud, es encerrar a Venezuela en una espiral económica descendente. Por esta razón, es importante tener en cuenta que cuando observamos, por ejemplo, el estimado de más de 40.000 muertes ocurridas solo de 2017 a 2018, la posibilidad contra fáctica en ausencia de sanciones no es solo cero muertes más, sino que en realidad una reducción de la mortalidad y otras mejoras en los indicadores de salud. Esto es porque una recuperación económica ya podría haber comenzado en ausencia de las sanciones económicas. Y a la inversa, el número de muertes que se avecina este año, si las sanciones siguen vigentes, es casi seguro que será mucho más alto que lo que hemos visto anteriormente, dada la tasa muy acelerada de disminución de la producción de petróleo y, por lo tanto, la disponibilidad de importaciones esenciales, y también la disminución acelerada del ingreso por persona”.

Así son las cosas y como se podrán dar cuenta, este estudio solo se refiere al impacto que algunas de las más de 900 medidas coercitivas unilaterales han causado a la población civil en el período 2017-2019 y que nuestro pueblo ha resistido, con la dignidad y el coraje que nunca esperaron sus promotores, quienes apostaron a una explosión social que facilitara el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.

Pero quienes impulsaron el paquete de medidas contra su propio país, se quedaron “con los crespos hechos”, el país poco a poco ha venido mostrando señales de recuperación, y hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que Venezuela tendrá el mayor crecimiento económico de la región en este 2024, con un 4% de su Producto Interno Bruto (PIB), según su último informe Perspectivas de la Economía Mundial.

Por eso hicieron lobby con los sectores más recalcitrantes y anti venezolanos del parlamento estadounidense, para que el gobierno del presidente Biden, revirtiera el alivio de sanciones que se produjo en octubre del año pasado, utilizando la coartada electoral.

Son los mismos que desde 2002 están conspirando contra la estabilidad de la república con el deliberado propósito de acceder al poder por la vía insurreccional, los mismos que tienen trancado el juego en la Plataforma unitaria (PU) para la escogencia del candidato presidencial de ese sector de la oposición, los mismos que ante la imposibilidad de lograr la presidencia de la república para uno de los suyos, están abonando el terreno para intentar deslegitimar las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio próximo, desconocer los resultados y de repente instaurar un nuevo gobierno interino “echando mano” de la ficción de la ilegitima Asamblea Nacional de 2015.

Sin embargo, la no renovación a Venezuela de la licencia GL 44 que anunció el gobierno estadounidense este 17 de abril, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), según la opinión de Francisco J. Monaldi, economista y reconocido experto en política y economía energética, director del Programa de Energía para América Latina del Centro de Estudios Energéticos del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice, y Director Fundador y profesor del Centro de Energía y Medio Ambiente del IESA, “la no renovación de GL44 tendrá un impacto mínimo en la inversión, especialmente si se conceden licencias específicas a empresas europeas. Su impacto limitado en la producción depende de la disponibilidad de diluyente. Habrá un impacto en las ventas de PDVSA a menos que los principales compradores, como Reliance, obtengan una licencia para comprar".