16 Dic, 2021 | Este miércoles 15 de diciembre fue presentado en Ginebra, Suiza, por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el informe “Lecciones aprendidas y observaciones del Paro Nacional 2021”.

En el documento de 63 páginas, la delegación en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas consignó "razones fundadas" para sostener que las autoridades incurrieron en el "uso innecesario o desproporcionado de la fuerza" en las movilizaciones del 28 de abril al 31 de julio de este año.

Se trata del segundo documento que presenta la ONU esta semana sobre la violencia por parte de la fuerza pública colombiana en manifestaciones. El primero fue una investigación independiente sobre las protestas de septiembre de 2020 en Bogotá que concluyó que la policía mató a 11 personas.

Según el informe, la acción abusiva de efectivos policiales del estado colombiano derivó en homicidios, detenciones arbitrarias, violencia sexual, de género, actos de discriminación y racismo.

En el documento se identifican "graves violaciones" de los derechos humanos por agentes estatales en las protestas, que incluyen el homicidio de casi tres decenas de civiles: "En al menos 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la Fuerza Pública y en 10 habrían sido actores no estatales".

La Oficina de la ONU afirma que entre el 28 de abril y el 31 de julio de este año, recibió información de 63 muertos en el contexto de las protestas, de las cuales pudo verificar 46; de las cuales 44 fueron civiles y dos policías. De las muertes documentadas, el 76% de las víctimas ocurrieron por heridas de bala. El documento también señala que “existen motivos razonables para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la policía”.

La investigación indica que en 10 de esas 28 muertes estarían involucrados agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional y que “actores no estatales habrían matado a otras 10 personas”.

Además, la ONU conoció de 60 denuncias por violencia sexual presuntamente cometidas por la policía, de las cuales pudo verificar 16 y asegura que hubo omisión por parte del Estado frente a la actuación de personas vestidas de civil contra los manifestantes.

El informe documenta el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de policía, especialmente miembros del ESMAD, para dispersar protestas pacíficas y bloqueos de vías. Así mismo, reporta sobre individuos armados que atacaron y dispararon contra manifestantes, sin que las fuerzas de seguridad intervinieran.

Igualmente, el documento resalta la importancia de que los agentes de las fuerzas de seguridad respeten los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad, y no discriminación a la hora de controlar las manifestaciones y que las armas de fuego sólo deben ser utilizadas como último recurso ante una amenaza inminente para la vida o de lesiones graves.

La ONU recomienda en su informe, que todos los presuntos implicados en causar lesiones o muertes, incluyendo agentes del Estado, deben ser objeto de investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes. El Estado debe garantizar también el derecho de las víctimas a una reparación integral.

El documento destaca la responsabilidad del Estado de proteger los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida y a la seguridad personal, sin discriminación, y la obligación de facilitar el ejercicio del derecho de reunión pacífica.

También destaca en el informe, la preocupación por el grado de criminalización y estigmatización de los manifestantes por parte de medios de comunicación relacionándolos con actos vandálicos o incluso alegando actos de terrorismo.

Asimismo, el informe expresa preocupación por agresiones contra defensores de derechos humanos en el contexto de las protestas y contra periodistas que documentan los acontecimientos.

Mientras la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, presentaba el informe: “Lecciones aprendidas y observaciones del Paro Nacional 2021”, el presidente Iván Duque y su ministro de la Defensa, Diego Molano, recurrían nuevamente al desgastado ardid de intentar desviar la atención de la opinión pública mundial, acusando al gobierno del presidente constitucional, Nicolás Maduro, de ser el causante de un extraño atentado ocurrido en el aeropuerto de la ciudad fronteriza de Cúcuta, donde la única víctima fue quien llevaba el artefacto explosivo.

Por enésima vez recurrieron al viejo truco de gritar “al ladrón, al ladrón”, pero nuevamente fracasaron en el intento de minimizar el impacto negativo en la opinión pública del contenido del informe de la ONU sobre la violación de los DDHH en Colombia.