26 Feb, 2020 | Este año 2020, de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional, debe haber elecciones parlamentarias. La última elección fue en 2015 y su periodo es de 5 años que termina en diciembre del presente año.
Desde su elección la Asamblea Nacional ha resultado una fastidiosa piedra en el zapato para el régimen. Primero, porque los venezolanos le dimos una paliza electoral a los candidatos del PSUV, y sus satélites y segundo, porque su carácter antidemocrático no le permite respetar un poder autónomo e independiente. Simplemente, no son demócratas. Claro, también es bueno resaltar algunos graves errores de la oposición parlamentaria.
Por ello, desde el comienzo del periodo legislativo, el régimen utilizó el Tribunal Supremo de Justicia, un poder secuestrado por el Ejecutivo, para perturbar y sabotear el trabajo de la Asamblea Nacional. Primero, anularon las elecciones en el estado Amazonas y luego declararon al Poder Legislativo en desacato, una figura jurídica que no aplica para instituciones, sino que debe aplicarse a las personas naturales.
Así, a cada acuerdo o instrumento legal que aprobaba la Asamblea Nacional venia inmediatamente una decisión del TSJ anulando el acuerdo o el instrumento legal aprobado.
Ahora, después del asalto y militarización del Palacio Federal Legislativo, con una junta directiva usurpadora encabezada por Luis Parra, que actúa impuesta por el régimen mediante el soborno, existe la disyuntiva de elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, función privativa del Parlamento Nacional, conforme a la Constitución.
Ya la Asamblea Nacional legitima presidida por Guaidó había designado un Comité de Postulaciones para escoger a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Hoy, ni la oposición que representa Guaidó ni mucho menos los diputados del oficialismo tienen las 2/3 partes para elegir por si solos a los rectores del poder electoral.
En este contexto, se hace urgente y necesario un acuerdo entre partes que permita resolver este complejo y difícil problema, ya que todos los sondeos de opinión revelan que los venezolanos no le tienen confianza al actual CNE y en consecuencia casi el 50% de los electores se inclinan porque el nuevo CNE sea designado por la Asamblea Nacional presidida por Guaidó, un 7,5% sostiene que debe ser por la ilegitima y espuria que preside Parra y un 12,5% que lo designa la ilegitima Constituyente.
Aquí está el verdadero meollo del asunto. Incluso, un 52% avala una negociación entre Guaidó y Maduro, lo que, a la luz de los hechos, luce poco probable.
En estas difíciles circunstancias, la lucha debe ser en defensa de la Constitución que establece que los rectores del Consejo Nacional Electoral deben ser designados por la plenaria de la Asamblea Nacional, que preside Juan Guaidó.
El régimen continúa empeñado, enfocado en sobrevivir a toda costa y riesgo, pasando por encima de la Constitución y las leyes.
Si no se cumple con lo pautado en la Carta Magna la crisis política, económica y social se agravará y las consecuencias funestas que se produzcan solo tendrán un responsable: Maduro y su régimen y los títeres que se han vendido en la Asamblea Nacional. Así de sencillo.