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8 de mayo de 2024





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AN rechaza juicios militares a civiles
Los parlamentarios en la Asamblea Nacional aprobaron un acuerdo donde expresan su desacuerdo con la aplicación del Plan Zamora.
EFE

Foto: EFE

La AN aprobó rechazar el Plan Zamora. / Foto: EFE

10 May, 2017 | El Parlamento aprobó ayer un acuerdo en rechazo a la ejecución del llamado Plan Zamora implantado por el Gobierno y al procesamiento de civiles en tribunales militares que han sido detenidos en el marco de las protestas antigubernamentales que se desarrollan en el país.

La mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN) aprobó el “acuerdo en rechazo a la ejecución del denominado Plan Zamora y a la práctica inconstitucional de instalación de tribunales militares que usurpan la jurisdicción ordinaria violando los derechos humanos”.

En este acuerdo, apoyado por los opositores y en ausencia de la bancada chavista, se decidió “expresar la solidaridad de este cuerpo parlamentario con los familiares y víctimas de las personas privadas de libertad injustamente procesadas ante la jurisdicción penal militar en el marco del denominado Plan Zamora”.

También se acordó “exigir a los jueces y funcionarios de la jurisdicción penal militar ejercer sus funciones con estricto apego a la Constitución” las cuales “les prohíben procesar a ciudadanos que no tengan la condición de militar activo”.

En este sentido se aclara que esos jueces deben “abstenerse de procesar civiles” y atender la Carta Magna que señala que los funcionarios deben “desacatar las órdenes que violen los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Asimismo, se aprobó denunciar ante instancias nacionales “esta nueva violación de los derechos humanos” y se autoriza a la junta directiva de la AN dirigirse a la Fiscalía General para pedirle que ejerza sus atribuciones “a fin de garantizar el respeto de los derechos y garantías constitucionales al debido proceso”.

Además, en este documento aprobado ayer se exige al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que “ejerza sus atribuciones constitucionales de velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos”.

A Saab también se le solicitará que “investigue la violación de los derechos al debido proceso, al juez natural y a la libertad personal denunciados en el presente acuerdo”.

Denuncia

En el punto final del acuerdo se indica que se denunciará “la violación de los derechos humanos a que hace referencia el presente acuerdo ante los órganos del sistema internacional de protección de los derechos humanos” como las instituciones encargadas del tema de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.




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