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Fuerza Armada, acto administrativo y acto de comercio
En más de una década y media, el gigantismo estatal se ha afianzado en la duplicidad de funciones y, proliferando las instancias, añadida la calculada exclusión del derecho administrativo que ha de explicarlas, existen entidades que hacen de todo y terminan por no hacer nada.
Luis Barragán | @LuisBarraganJ

3 Mar, 2016 | En distintas ocasiones, a propósito de sendas solicitudes de crédito adicional en el pasado período, ventilamos nuestra discrepancia en la Asamblea Nacional. Marcando una distancia entre el acto administrativo y el acto de comercio, intentamos la contra-argumentación de la bancada oficialista que nunca se produjo, por lo menos, de manera convincente, sobria y coherente, como lo ameritaba la materia, respecto a las numerosas firmas mercantiles adscritas a la Fuerza Armada.

Ahora, de conformidad con el decreto Nro. 2.231, publicado en Gaceta Oficial Nro. 40.845 del 10/02/2016, ha sido creada la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio de la Defensa. De acuerdo con su motivación, la empresa del Estado se ajusta al nuevo (sic) modelo de gestión inspirado en las directrices y políticas esenciales de la Revolución Bolivariana (sic); bajo las premisas de un modelo económico productivo ecosocialista (sic) que, al generalizar sus orientaciones, tiene por finalidad asegurar la defensa y soberanía de la Nación; decretándose la empresa con un amplísimo objeto social que, en principio, la hace competidora de Pdvsa, otras empresas del sector público y del privado, dando pie a las más legítimas suspicacias.

Evidentemente, la iniciativa afecta la naturaleza y fines específicos de la entidad castrense, inequívocamente establecidos en la vigente Constitución de la República, y –además– la circunscribe a una parcialidad política que ya es, en sí misma, un dramático problema para el país. Desde 2013, incorporadas a la llamada Zona Económica Militar Socialista, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sabemos de numerosas firmas que, por supuesto, tienen su asiento en el Código de Comercio, capaces de incursionar en los más variados ámbitos, incluyendo el radio-televisivo y bancario, interrogándonos respecto a los particulares objetivos de seguridad y defensa o, mejor, de defensa que atienden.

En más de una década y media, el gigantismo estatal se ha afianzado en la duplicidad de funciones y, proliferando las instancias, añadida la calculada exclusión del derecho administrativo que ha de explicarlas, existen entidades que hacen de todo y terminan por no hacer nada. Gigantismo pernicioso que constituye una apuesta del socialismo saliente, el sector militar sabrá de una mayor tergiversación de sus fines y misiones esenciales. A la transición democrática le tocará lidiar con la irresponsable herencia que deja Nicolás Maduro, reivindicando la finalidad constitucional y el desempeño profesional del soldado venezolano que está al servicio de toda la nación.




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