Senado de Argentina. / Foto: CORTESÍA

9 Feb, 2016 | Buenos Aires.- Las nuevas autoridades del Senado argentino, que encararon una auditoría en la institución cuando asumieron en diciembre pasado, denunciaron más irregularidades en contratos firmados durante la gestión kirchnerista, informan hoy medios locales.

Tras la polémica rescisión de contratos ordenada por la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, que se tradujo en más de 2.000 despedidos a principios de 2016, las nuevas autoridades aseguran que hay nuevos casos sospechosos.

Un empleado que vive en Australia, un millonario fondo cedido a los gremios y la situación de Senado TV, el canal que transmite las sesiones y la actividad de la cámara, son algunas de las irregularidades denunciadas por el frente Cambiemos, que llegó a la Presidencia argentina en diciembre pasado.

La nueva directora de Prensa de este cuerpo legislativo, Paula Schuster, dijo al diario La Nación que el Senado gastó, por el canal, 126 millones de pesos (unos 8,7 millones de dólares).

Sin embargo, mientras los programas se realizaban con recursos de la Cámara alta, que pagaba salarios de camarógrafos, locutores, conductores y productores, también abonaba un canon mensual a una firma privada, supuesta propietaria de la marca "Senado TV".

Según Helio Rebot, secretario administrativo de la Cámara alta, el Senado pagaba "contra presentación de las facturas, lo cual equivale a una contratación directa pero sin la necesidad de cumplir con requisitos o condiciones".

Otra de las irregularidades bajo sospecha reside en el área encargada de emitir billetes de avión para los senadores que viven en provincias alejadas de la ciudad de Buenos Aires.

"Encontramos una estructura sobredimensionada de 50 empleados que se encargaban de la emisión de pasajes. Si se tiene en cuenta que hay 72 senadores y que los que representan distritos próximos a la capital no usan pasajes, estamos muy cerca a una relación de un empleado por senador", contó Schuster.

En tanto, también investigan una resolución conjunta del Senado y de la Cámara de Diputados que asignó a los sindicatos del Congreso una partida en concepto de "ayuda social" equivalente al 2% del total de los salarios que perciben los trabajadores afiliados.

"La transferencia de recursos a los gremios fue dada por el Congreso con fines sociales y de viviendas", justificó hoy Hugo Godoy, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en diálogo con la radio Once Diez.

"Los fondos son para viviendas de los empleados de ATE, no se pueden usar para otra cosa", agregó.

En el Senado, la vicepresidenta argentina ya había denunciado un incremento "injustificable" en la cantidad de empleados contratados durante la gestión de su predecesor, el kirchnerista Amado Boudou.

"No se puede justificar semejante aumento ya que el Senado mantiene el mismo número de senadores y las mismas funciones", sostuvo Michetti a comienzos de enero pasado, cuando comenzó con la revisión en la Cámara alta del país suramericano y rescindió 2.035 contratos firmados por Boudou.