Salvador Sánchez Cerén / Foto: EFE.

7 Feb, 2016 | El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, pidió hoy a 12 militares "prófugos", implicados en la masacre de 6 padres jesuitas en 1989, entregarse a la Justicia porque es "lo mejor para el país".

"Hay personas que se han ocultado, no sabemos si salieron ya del país, nuestra recomendación es que se entreguen a la justicia para que decida si los extradita o no los extradita, pero lo mejor para el país es que se entreguen", dijo el mandatario durante un evento público en el oriental departamento de San Miguel.

La noche de este viernes la Policía inició un operativo de búsqueda y captura de 16 militares, requeridos por España, en diferentes puntos de El Salvador, en cumplimiento de notificaciones rojas de la Interpol.

De estos, han sido capturados cuatro: el coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez, todos militares retirados.

El presidente salvadoreño añadió que se han hecho "las capturas cumpliendo todos los procedimientos".

A los arrestados se suma el exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, quien aguarda en Estados Unidos a ser extraditado a España luego de que una jueza norteamericana diera luz verde al proceso este viernes.

Los otros implicados, de los cuales el Gobierno desconoce su paradero, son el exministro de Defensa Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinosa, Gonzalo Guevara, Francisco Elena Fuentes, Oscar Mariano Amaya, José Alberto Sierra, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán, Héctor Ulises Cuenca y Oscar Alberto León Linares.

El juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco reiteró el pasado 5 de enero las órdenes de captura contra los uniformados emitidas originalmente en agosto de 2011.

Las víctimas de la masacre, perpetrada en el marco de una ofensiva guerrillera, fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, así como su colaboradora Elba Julia Ramos y su hija Celina.

Una ley de amnistía general emitida en 1993 por el Congreso no permite juzgar a los implicados en crímenes de guerra durante el conflicto civil que vivió ese país entre 1980 y 1992.