7 Feb, 2016 | El gobernador del estado Nueva Esparta inició este 2016 con un renovado Gabinete Ejecutivo del Poder Popular que tendrá la tarea de ejercer sus funciones al lado del pueblo.

Entre estas decisiones se encuentra la designación del recién nombrado director del Poder Popular para las Obras Públicas y Servicios Generales, Jorge Pérez Prado, quien por sus antecedentes como presidente de Inavi, ministro para la Vivienda y Hábitat, entre otros cargos importantes, avizoramos que activará una gerencia acertada en lo que es materia de vivienda y hábitat, no solo en cuanto a construir viviendas para cumplir una meta, sino de que estos hogares posean el hábitat necesario, es decir que se encuentren en las zonas ambientalmente adecuadas, donde los servicios básicos de agua, luz y vialidad estén primero que las viviendas y no se cometan los errores de entregar casas como se hizo anteriormente cuando, todavía a esta fecha, no poseen servicios ni de agua potable, red de aguas servidas, ni vialidad adecuada, ocasionando a quienes fueron beneficiados con estas viviendas, que no puedan habitarlas, como es el caso del urbanismo Los Arapaneros, en el sector Santa María del municipio Tubores, por nombrar uno.

Además, esta dirección de Obras Públicas tiene la gran responsabilidad de inspeccionar todas las obras inconclusas, paralizadas y por liquidar, a fin de determinar las fallas que pudieran existir y su posible reactivación, según el estado en que se encuentren y su prioridad, para que de esta forma no se despilfarren los recursos ya invertidos en ellas.

Por ejemplo el distribuidor Cocheima y el tramo de la autopista Pampatar-La Asunción-Juan Griego, que de no colocar una carpeta de asfalto base (carpeta de nivelación), el material de granzón colocado en el movimiento de tierra podría perderse por efectos de las lluvias y el viento.

Tenemos las esperanzas puestas en la nueva gerencia de la Dirección de Obras Públicas y de que esta cumplirá con lo establecido en la constitución, para establecer los mecanismos de participación ciudadana para que por medio de los cuales las comunidades, vecinos, consejos comunales, miembros de la sociedad civil o grupos organizados, puedan determinar la elaboración, seguimiento, control y ejecución de obras en infraestructura para la satisfacción de las necesidades diagnosticadas y priorizadas por ellos mismos.