21 Feb, 2015 | La conducta sediciosa, delictiva y política criminal de un diputado de la república en general es un azote para la estabilidad de la nación. Independiente de su malignidad ocupa una escala de valoración penal a la hora de aplicar las leyes.

A diferencia del delito común, el crimen político de un diputado se comete contra la paz, la convivencia y el orden interior del Estado y la sociedad; y aun cuando se atente contra bienes jurídicos individuales o colectivos, este tipo de conductas delictivas están orientadas por móviles políticos perversos socialmente inaceptables.

Son casos de delitos políticos: la rebelión, la sedición, los atentados contra la autoridad pública y sus agentes, los desórdenes públicos, el terrorismo, la tenencia de armas y explosivos entre otros. Por su parte, los delitos como la traición a la patria son aun los más detestables, en virtud que comprometen la paz de la nación, la convivencia humana, la soberanía e independencia de la república.

Cuando un político es investido de diputado a la Asamblea Nacional, sabe que su principal misión y función está relacionada con sus altas responsabilidades en el ejercicio del bienestar público, ajustado a sus deberes y derechos como ciudadano elegido electoralmente, por tal razón el Poder Público Nacional le consagra la inmunidad parlamentaria como una garantía autónoma del ejercicio de sus funciones legislativas, respecto al efectivo cumplimiento de control político y administrativo.

Ahora, es bien claro que este fuero no le permite al diputado violar la Constitución y reglamentos de la República o evidenciar conductas delictuosas y criminales que infrinjan las leyes o moral ciudadana. La inmunidad parlamentaria no significa impunidad.

En la actualidad estamos transitando por estas muestras de conductas trasgresoras y sociópatas de la intolerancia ideológica en pequeños sectores fascistas y delincuenciales de la política venezolana. Ante esta compleja y apremiante realidad el Poder Legislativo, Moral y Judicial de la República deben actuar con celeridad y contundencia. Todos somos signatarios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo tanto es una demanda correcta, moral y espiritualmente justa que el pueblo patriota tenga que defender nuestro país de los ataques subversivos de este tipo de criminalidad política; de Guerra de IV Generación, económica, psicológica, terrorista, de manipulación mediática trasgresora; y especialmente de las agresiones imperiales de cualquier naturaleza que impulsan las iniciativas racionalmente planificadas para desestabilizar la nación, y así apoderarse de nuestro petróleo y demás riquezas energéticas. Con la ayuda de Dios Redentor de la patria venezolana. Venceremos.