La falta de un criterio uniforme para diferenciar los costos indirectos de los gastos, implica que a las empresas se les puede calcular un precio justo que esté por debajo de sus costos de producción, es decir trabajarían a pérdida. / Foto: VANESSA RANGEL

01 Dic, 2014 | La determinación de los llamados "precios justos" ha creado una serie de áreas grises en las que se sustentan sanciones severas y la aceptación de estructuras de costos contraproducentes para las empresas.

La Ley de Precios Justos plantea unos parámetros contables para fijar un margen de ganancia de hasta 30% en función de la estructura de costo de los bienes o servicios.

Sin embargo, en las fiscalizaciones de funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) tienden a ocurrir confusiones sobre qué es costo, costo indirecto y gasto.

En su experiencia asesorando empresas en asuntos regulatorios, la contadora Carolina Soteldo ha observado el creciente número de compañías que arriesgan operar a pérdidas porque la Sundde no admite sumar los costos indirectos al cálculo de los precios justos.

Soteldo explica que los costos indirectos pueden ser, por ejemplo, el cargamento de aserrín que se requiere para limpiar una máquina, o la contratación de un supervisor de calidad de producción.

El costo directo se determina por la porción que se emplea para fabricar un producto, sin que haya que aplicar ningún "método de distribución", por ejemplo, las materias primas, mientras que para determinar el peso de los costos indirectos debe distribuirse su utilización por un período entre las unidades producidas.

"No hay una manera que una empresa salga adelante si no se le reconoce el costo indirecto, que de gasto no tiene nada", dijo Soteldo.

Aclaró que los gastos son "todas las actividades de apoyo y sostenibilidad de una empresa", tales como administración, publicidad, dirección.

"Lo que está pasando en la calle es que al llamarlo indirecto lo quieren confundir como otros gastos y no los aceptan como parte del producto", dijo Soteldo.

La determinación de precios es una materia compleja que demanda personal especializado. Basada en su experiencia, Soteldo considera que los inspectores de la Sundde no han demostrado la pericia necesaria para hacer cumplir la normativa.

Las dudas sobre la preparación de los custodios de los precios justos aumentan si se considera que para las tareas de fiscalización fueron designados inspectores populares, captados entre la militancia chavista organizada en las UBCH (unidades de batalla electoral Bolívar-Chávez).

Marcaje de precios

El pasado lunes la Sundde publicó el funcionamiento de la obligación del marcaje del precio de venta justo (PVJ) para todos los bienes y servicios que se comercialicen en el país; la providencia apareció en la Gaceta Oficial Nº 40.547.

La norma da un plazo de 30 días a los importadores y 45 días a los productores para colocar una etiqueta autoadhesiva en los productos, en la que se informe el monto a pagar, que surge de la suma del PVJ y el IVA, así como el mes y el año.

Soteldo explica que el PVJ será distinto al precio de venta final, ya que éste último lo determina el comercializador de acuerdo a su estructura de costos, de la que sale el precio justo, por lo que hace falta una campaña informativa del Gobierno que prepare a la población.

"Si no hay una divulgación adecuada a nivel de la ciudadanía, la población no entiende qué es esto, va a pensar que los comerciantes están especulando, son usureros y vienen todos los problemas", dijo Soteldo.

Capital humano

Carolina Soteldo, experta en asuntos contables y regulatorios, observa que debe haber un cambio en la cultura empresarial para orientar más inversiones en la capacitación y remuneración de personal capaz de asesorar a las compañías para ser exitosas en un marco regulatorio complejo.