Frente de Abogados Bolivarianos vigilarán gestiones de alcaldes opositores. / Foto: GÉNESIS TORANI

24 Mar, 2014 | Los alcaldes opositores de Mariño y Maneiro, electos el 16 de diciembre de 2012 podrían ser destituidos de sus cargos si continúan permitiendo "guarimbas" o "barricadas" en sus jurisdicciones.

Los representantes del Frente de Abogados Bolivarianos, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del estado Nueva Esparta, advierten que los mandatarios municipales deben velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales.

Jean Carlos Carano, coordinador regional del Frente, informó que el jueves 20 de marzo se introdujo ante el Tribunal Contencioso Administrativo un recurso de amparo contra la alcaldesa de Maneiro, Darvelis de Ávila, por omisión en la violación de los derechos constitucionales de quienes habitan en el municipio.

El abogado señaló que la alcaldesa debió cumplir con sus obligaciones, estipuladas en el artículo 178 de la Constitución y no ser permisiva ante estos "atropellos". "Las guarimbas violaron el derecho constitucional al libre tránsito, a la educación a la salud y al trabajo. La alcaldesa como autoridad debió actuar para restablecer el orden".

A su juicio, con las trancas se violaron derechos civiles, derechos humanos y se atentó contra la propiedad pública y privada.

Daniel Doti, coordinador municipal del Frente en Maneiro, aseguró que el expediente está nutrido de testimonios de personas que sufrieron producto de las protestas.

"Llegaron al punto de trancar el acceso a personas que necesitaban ir a la clínica", apuntó Doti.

Mariño en la mira

Los representantes del Frente de Abogados Bolivarianos anunciaron que para esta semana se hará el mismo procedimiento contra el alcalde de Mariño, Alfredo Díaz, por las mismas causas.

Aun cuando no se registran trancas en este municipio desde hace días, Doti aclaró que igual procede, pues los hechos ocurrieron hace menos de seis meses, que es el tiempo máximo para ejecutar esta acción legal.

Carano y Doti aseguran que en primera instancia se busca que los alcaldes restablezcan el orden y cumplan con la sentencia que sea emanada del Tribunal Contencioso Administrativo.

Pasos legales

Una vez que el tribunal recibe el recurso de amparo, tiene entre tres y cuatro días hábiles para admitirlo. Una vez cumplido este paso, emite una medida cautelar y remite al Tribunal Supremo de Justicia.

Explican que si los alcaldes desacatan la medida cautelar –dependiendo de la gravedad-, podrían ser sancionados administrativa o penalmente, basándose en el artículo 31 de la Ley de Amparo y Garantías Constitucionales.

Los abogados de la revolución señalaron que estas medidas corresponden a un lineamiento nacional para "atacar con las leyes" a los alcaldes opositores que sean permisivos o alienten la desestabilización.