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¿Ley de Precios Justos?
¿Está Venezuela, a través del Banco Central, actualmente vendiendo sus reservas en oro calculadas en un 30% de margen de ganancia?
Roberto Calvarese calvarese797@gmail.com

4 Feb, 2014 | Desde que salió publicada en Gaceta esta normativa no dejo de sentirme incómodo por la denominación subjetiva que ha escogido el Gobierno para identificarla. Pudiera justificarse, en el caso de los dólares otorgados con tasa preferencial, a los importadores, distribuidores y comerciantes, si tomamos en cuenta que el país está sacrificando miles de millones de dólares en reservas frente a los millones de venezolanos que no podemos contar con esas grandes sumas, a pesar de que dichas reservas nos pertenecen a todos.

Hasta allí acepto que es necesaria una regulación porque quien recibe un beneficio por encima del resto de la población, debe otorgar una compensación. No apoyo el que se haya incluido en ese Decreto Ley a cualquier actividad de bienes o servicios que el Estado quiera regular.

En primer lugar, no he visto una consulta nacional determinando cuál es el porcentaje justo y cuál es injusto. ¿Ha habido un consenso por ejemplo en que un 31% es un precio injusto? ¿Quién apoya este porcentaje? ¿La iglesia? ¿Las comunas? ¿Las universidades nacionales? ¿Debe ser calificado como injusto un productor nacional que no usa insumos importados a tasa preferencial, por ejemplo y que gana un 31%, sometiéndolo a penas y sanciones porque así lo quiere una ley? Y si es así: ¿PDVSA está vendiendo con ese mismo margen, por ejemplo, en el mercado internacional sus productos y derivados del petróleo? ¿Por qué los precios de nuestro crudo suben y bajan dependiendo de la OPEP y de la oferta y de la demanda? ¿Es injusto e ilegal entonces el Gobierno venezolano si vende el petróleo por encima de ese margen?

¿Está Venezuela, a través del Banco Central, actualmente vendiendo sus reservas en oro calculadas en un 30% de margen de ganancia? Demasiadas preguntas sin respuestas. Politizar con calificativos una regulación que busca controlar la inflación es una estrategia cortoplacista arriesgada que pudiera no ofrecer ninguna garantía a mediano o largo plazo. El Ejecutivo ha debido limitar esos controles a la actividad vinculada con los dólares preferenciales.




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