Siete familias en Viento Fresco, Antolín del Campo, no han tenido suerte.

En 2010 fueron catalogadas como damnificadas y a la fecha la promesa de una vivienda no se consolida. Recursos perdidos y paralización de la obra marcan el ritmo de la construcción de las estructuras que reemplazarían las casas resquebrajadas por la fuerza del agua. Dejando atrás el miedo a represalias y hostigamientos, Alfredo Mendoza, integrante del consejo comunal Viento Fresco, expone la necesidad de su familia y otros vecinos.

En 2010 la arremetida del agua que bajó de las montañas y desbordó ríos, socavó los cimientos de su casa y ahora los pocos objetos que rescató están “resguardados”, bajo un techo de zinc y paredes de asbesto. La precaria e improvisada vivienda donde Mendoza habita junto a su familia, es producto de las malas gestiones y despilfarro de recursos en manos de la constructora encargada de la obra, que en un principio proyectó siete casas y amplió el proyecto a 14, para entregar viviendas a otras siete familias, que, a juicio de Mendoza, no eran damnificadas. La organización comunal en un principio participó activamente en la obra bajo la figura de la Brigada de Autoconstrucción, pero con el paso de los meses y las decisiones de los contratistas, fueron dejados a un lado. El Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Safonacc) aprobó en 2010 un millón 600 mil bolívares para construir las casas.

De esos recursos quedan en la cuenta de la organización comunal Bs 180 mil.

Sin embargo, el contratista no ha regresado para terminar el proyecto. En Viento Fresco hay cinco casas levantadas, pero no están habitables.

Pese a que los recursos enviados eran para entregar la vivienda hasta con cerámica, la realidad es otra.

Puertas sin marcos, baños con solo la tubería, sin sobrepiso, escombros por doquier, machihembrado sin manto asfáltico, y en algunas casas la modificación del proyecto redujo a dos las tres habitaciones previstas. La petición de Mendoza, así como la de Luzmin Martínez, es que se haga justicia social.

La promesa de las instituciones quedó en el pasado, mientras en otras comunidades y municipios damnificados del 2010 y ciudadanos que vivían en condiciones precarias recibieron una vivienda digna. A Martínez le parece una burla la actitud del contratista y el responsable municipal de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (Fundacomunal).

En varias oportunidades han reclamado la calidad de los materiales que les enviaron y las decisiones de construcción, y solo les dicen que “si quieren aceptar eso, y si no, no”. Se intentó establecer contacto con el director regional de Fundacomunal, César Caigua, para verificar la veracidad de las denuncias ante su despacho, pero no fue localizado. Facturas Los ciudadanos que esperan por las viviendas tienen un registro de facturas de las compras hechas, y no coinciden con los empleados para la construcción, por lo que decidieron introducir en la Asamblea Nacional una denuncia formal para aclarar los hechos. Según Mendoza, existe una factura del 4 de mayo de 2012 donde se cancelaron Bs 21.600 para la compra de puertas entamboradas de madera enchapada y, pese al pago, les enviaron puertas de un material plástico. Exigencia Martínez, al igual que el resto de los beneficiarios, solo piden a las instituciones que les den los materiales para buscar la forma de terminar sus casas, tal como lo han hecho hasta ahora, porque la instalación de ventanas y el sobrepiso de algunas viviendas ha corrido por cuenta de los propietarios. Supervisión Los beneficiarios de las casas solicitan que una comisión de la Dirección de Infraestructura de la Gobernación supervise la obra para que constate las irregularidades cometidas, e identifiquen las posibles soluciones que permitan  que las familias obtengan finalmente una vivienda digna.