La Ley Orgánica de Contraloría Social es clara en su contenido e involucra a todos los ciudadanos en el cuidado y protección de los recursos del Estado, al igual que en la optimización del trabajo de los funcionarios públicos.

Uno de los propósitos fundamental de este compendio de artículos es ejercer el control social, para prevenir y corregir el comportamiento, actitudes y acciones que sean contrarios a los intereses sociales y a la ética en el desempeño de las funciones públicas, en las diversas actividades realizadas por el sector público o el sector privado.

Cada ciudadano está llamado a promover y desarrollar la cultura del control social como mecanismo de acción en la vigilancia, supervisión, seguimiento y control de los asuntos públicos, comunitarios y privados que incidan en el bienestar común.

La ley también establece que debe existir un trabajo mancomunado entre las instancias, organizaciones y expresiones del poder popular con los órganos y entes del Poder Público, para el ejercicio efectivo de la función del control.

Los consejos comunales llevan la responsabilidad de trabajar a la par de las instituciones para ser un brazo ejecutor de la contraloría y llevar un balance de las irregularidades para rectificar y mejorar.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la ley, la contraloría social se ejerce, de manera individual o colectiva, en todas las actividades de la vida social.

En el caso de que un grupo de ciudadanos se organice para ejercer la función de verificación, todos los integrantes tendrán las mismas responsabilidades.

Los voceros del poder popular, integrantes de frentes sociales o la ciudadanía que conformen un grupo de contraloría, tienen el deber de informar a sus colectivos sobre las actividades, avances y resultados de las acciones de prevención, supervisión, vigilancia, evaluación y control del área.