2 Abr, 2021 | La posición del presidente colombiano Iván Duque, en relación con Venezuela es bien conocida desde antes de resultar electo. Los sucesos de Apure nos hicieron recordar algunas actuaciones de Duque, desde que era candidato presidencial.

Desde un principio su performance persigue deslegitimar al presidente Nicolás Maduro y desacreditar la imagen de la FANB. En esa dirección declaró en fecha reciente: “Maduro no ha salido del poder, es cierto, pero también reconozcamos varias cosas. Nunca se había puesto un cerco diplomático de esa naturaleza. El proceso es el fin de la dictadura, un Gobierno de transición con participación amplia, la convocatoria de elecciones libres y un plan de reconstrucción de Venezuela ¿Qué necesitamos? Acelerar ese proceso”.

Esto no tiene porqué sorprendernos. El 7 de mayo del año 2018, siendo todavía candidato presidencial y sin haberse realizado siquiera la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el vecino país, Duque ofreció unas declaraciones al diario ABC de España, en los siguientes términos:

P: Colombia tiene 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela. La región del Catatumbo está en situación crítica, con guerrillas del ELN y EPL, bandas criminales, ausencia del Estado, violencia contra líderes sociales, cultivos de coca y poco apoyo a economías campesinas legales. ¿Qué hará en esta zona y cuál será su acción en las fronteras?

R: El caso del Catatumbo es deplorable y hay que capturar a los cabecillas de los grupos armados. Necesita seguridad, justicia e intervención de infraestructura, porque lo que hay es un corredor del narcotráfico auspiciado por el Cartel de los Soles, que está en la cabeza del gobierno de Venezuela. No podemos seguir haciendo la vista gorda.

Desde ese entonces “apuntaba” al presidente Nicolás Maduro y al Alto Mando de la FANB.

Es el mismo libreto que utilizan en cada “operación” de “falso positivo” que han adelantado en su gobierno. La más reciente, en la frontera con el Apure venezolano, el pasado 21 de marzo.

Qué casualidad, un día antes, el 20 de marzo, se conocieron las primeras declaraciones de la señora Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien luego de una semana de visita de trabajo a Buenaventura en el Valle del Cauca, expresó su profunda preocupación: “por el deterioro alarmante de la situación de derechos humanos y seguridad que vive la población”.

Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Océano Pacífico, con algo más 430 mil habitantes, es escenario permanente de enfrentamientos entre grupos armados ilegales que luchan por el control territorial de la ciudad y de las rutas del narcotráfico, mientras que la población civil, sumida en la pobreza, se encuentra atrapada en medio de la disputa.

¿Qué pudo observar por esos lados de la geografía colombiana, la alta representante de la ONU, que declaró en estos términos?:

“La oficina afirma que en 2021 ha conocido, a través de diversas fuentes y de testimonios de las víctimas, el homicidio de 41 personas; la desaparición forzada de otras 13; y el desplazamiento forzado de más de 8000; además de información sobre varias amenazas a líderes y lideresas defensores de derechos humanos”.

"Hemos podido constatar que las redes de corrupción y los grupos armados permean la economía de subsistencia de la población. De igual forma, los derechos a la seguridad alimentaria y a la salud de la población son profundamente vulnerados. La situación en Buenaventura afecta de manera desproporcionada a las niñas y a las mujeres, en particular a las jefas de hogar, que reciben ingresos precarios y son víctimas de extorsión, abuso y otras formas de violencia de género. La situación actual en Buenaventura impacta también la vida de las niñas y los niños, y los expone a un alto nivel de riesgo de ser reclutados forzosamente”.

“La violencia está destruyendo la cultura y el tejido social de las comunidades negras y de pueblos indígenas que viven en el territorio, y que representan más del 90% de la población. Como Oficina de la ONU para los Derechos Humanos observamos que hay una necesidad imperiosa de apoyar los esfuerzos de la Alcaldía de Buenaventura. La articulación y coordinación interinstitucional entre las autoridades distritales y las autoridades departamentales y nacionales es prioritaria para fortalecer y acelerar la implementación de los Acuerdos del Paro Cívico y del Acuerdo de Paz, incluido el PDET y el enfoque sobre los derechos de las víctimas”.

El gobierno colombiano necesitaba con urgencia un “falso positivo” para desviar la atención ante tan graves señalamientos. Entonces “casualmente un día después”, se presentó la situación por el Apure. Por supuesto, la mediática internacional inmediatamente se ocupó del enfrentamiento fronterizo.

Pero no pueden seguir escondiendo que desde el sur de Bogotá hasta la Colombia profunda, la presencia del estado es débil y la coartada de Venezuela no servirá por siempre para ocultarlo.

La "buenaventura" de Iván Duque está escrita. Le resultará muy difícil reelegirse en la presidencia.