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Venezuela ratifica disposición a fortalecer cooperación en DDHH con Oficina de Alta Comisionada
El embajador Valero reiteró la invitación para que los Relatores Especiales sobre el Negativo Impacto de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos y sobre el Derecho al Desarrollo visiten Venezuela este año.
AVN

Foto: CORTESÍA VTV

El representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU-Ginebra), Jorge Valero. / Foto: CORTESÍA VTV

10 Mar, 2020 | Caracas. El representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (OUN), Jorge Valero, ratificó el aval del Estado venezolano a la resolución sobre el fortalecimiento de la cooperación y la asistencia en el área de los Derechos Humanos con la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH y reiteró el rechazo del Gobierno Bolivariano a un "infructuoso" e "injerencista" mecanismo de monitoreo a la situación de estas garantías en el país.

Valero fijó tal posición durante su intervención en la 43º sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se desarrolla en Ginebra, Suiza, a propósito de la presentación que hiciera la Alta Comisionada para los DDHH, Michel Bachelet, de un nuevo informe sobre Venezuela.

Insistió en que debe preservarse la cooperación y el diálogo entre el Gobierno Bolivariano y la Oficina de la Alta Comisionada, por cuanto está dando resultados, con un equipo presente en Venezuela que recibe el pleno apoyo de todos los órganos competentes del Estado.

Asimismo, destacó que con el Memorando de Entendimiento suscrito el 20 de septiembre de 2019 se ha reforzado la cooperación y asistencia técnica en materia de derechos humanos.

No obstante, Valero lamentó que el informe sobre Venezuela nuevamente se presente de manera sesgada en algunos casos: "Lamentamos que su presentación carezca del balance necesario, pues observa fallas metodológicas y utiliza información sesgada que puede alimentar la campaña mediática contra Venezuela", alertó el diplomático venezolano.

Enfatizó que la resolución 42/25 contra Venezuela, adoptada por una mayoría circunstancial el 27 de septiembre de 2019, es una iniciativa políticamente motivada, "cuya implementación cuesta más de 2 millones y medio de dólares para elaborar un informe plagado de mentiras, constituyendo además un irresponsable dispendio de los escasos recursos con que cuenta el Sistema Universal de Derechos Humanos", sostuvo.

"Si se abogara verdaderamente por los derechos humanos, los países que apoyan esta hostil iniciativa, en vez de criticar a la democracia venezolana, deberían preocuparse por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que se cometen en los países de la región que la propusieron, como Colombia, Brasil, Perú y Canadá. Condenarían el cruento golpe de Estado contra el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma", señaló Valero.

El embajador reiteró la invitación para que los Relatores Especiales sobre el Negativo Impacto de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos y sobre el Derecho al Desarrollo visiten Venezuela este año.

En la actualización oral anual del Informe sobre Asistencia y Cooperación Técnica con la República Bolivariana de Venezuela, el pasado 27 de febrero, la alta comisionada Michelle Bachelet valoró positivamente el acceso y la colaboración mantenida entre el Gobierno Bolivariano y su oficina y reconoció que se ha "avanzado en la ejecución del plan de trabajo de cooperación técnica, así como en temas de protección".

Durante su intervención, Valero reiteró la denuncia contra el gobierno de Estados Unidos que "ha restaurado la funesta Doctrina Monroe; aplica una estrategia de bloqueo total contra Venezuela; amenaza con invadirla militarmente, con instrumentar un bloque naval y también con aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar)".

"Ese gobierno (estadounidense) ha renovado la orden ejecutiva que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Pretende, así, justificar las medidas coercitivas unilaterales que viene aplicando contra nuestro pueblo, desde 2014, y que constituyen crímenes de lesa humanidad", recalcó ante el Consejo de DDHH de la ONU.

Recordó que el pasado 13 de febrero, el Estado venezolano introdujo una remisión ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, Países Bajos, para que se investiguen esos crímenes de lesa humanidad, se determinen responsabilidades y se castigue a sus ejecutores.




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