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¿Exagera o miente la Señora Bachelet?
En el informe se afirma que a partir del año 2016 el gobierno rojo puso en marcha “una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”..
Ángel Ciro Guerrero / angelcirog@hotmail.com

12 Jul, 2019 | Considerado demoledor, el informe que ante el mundo presentase la dos veces presidenta de Chile y actualmente Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre las constantes, permanentes y atroces torturas a las que el gobierno del presidente Maduro somete a los presos políticos, dejó retratada la monstruosidad que, escondida en los sótanos del Sebin y del Cgim, las policías políticas de la revolución, a diario se vive, y el oficialismo niega a troche y moche autocalificándose de demócrata, humanista, defensor de la vida, de la paz, del entendimiento pero en la práctica mintiendo descaradamente.

En el informe se afirma que a partir del año 2016 el gobierno rojo puso en marcha “una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.. Todo a través de “un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos”. Asimismo, destaca “la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.

Afirma la señora Michelle Bachelet que “durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia”. Deja perfectamente en claro que ella trasmitió “con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”. Y en cuan to a lo que denomina “la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década””, la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH, deja por sentado que “tanto a las fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones*..

Precisa, sin ambages, afirma que “los grupos armados civiles pro gubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La Oficina ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos”. Asimismo, indica que “la, proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada, según señala el informe”, y como claro dato, señala que “en 2018 el Gobierno registró 5.287 muertes, supuesta mente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones”. Y, seguidamente, denuncia que “entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”. La Señora Bachelet, no para allí sino que igualmente hace notoria referencia a la existencia de 793 presos políticos, 58 de ellos, mujeres y que, a la fecha, a 22 diputados a la AN le han despojado de su inmunidad parlamentaria.

También el Informe detalla que “en los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”. Señala que “la economía de Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores, en el informe se afirma que las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando aún más los efectos de la crisis”, afirmando también que “el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria”. Finaliza reiterando lo que también es absolutamente cierto:

“La situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos. En el informe se cita a la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019, que llegó a la conclusión de que, de noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros”.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Tratar de desmentir a la señora Bachelet, calificando su informe de desproporcionado. Vaya caradurismo el del Madurismo gubernamental.




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