25 Sep, 2018 | Entiendo perfectamente que los integrantes de los cuerpos de bomberos no son como los ciudadanos comunes, a la hora de ejercer sus derechos políticos y de comportarse en distintas situaciones. Deben usar uniformes, se dirigen a sus superiores en forma parecida, aunque no tan estricta, a los militares y funcionarios policiales.

Tienen una organización jerárquica de carácter meritocrático, en la que los estudios realizados, los conocimientos adquiridos, la experiencia alcanzada, la disciplina y la antigüedad, contribuyen en forma decisiva a determinar los rangos de sus efectivos y el funcionamiento de cada institución. En tal sentido, es imposible exigir que la acción de dos efectivos de un cuerpo de bomberos, en la que comparan al Presidente de la República con un burro, no haya llamado la atención de sus superiores y pudiera ser pasada por alto. Pero esto es una cosa y otra muy distinta es acusarlos ante un tribunal, claramente parcializado, invocando la legislación contra el odio. Hubiera sido suficiente una sanción disciplinaria por parte de sus superiores.

Judicializar las protestas de este tipo, que en todo caso lo que producen en el común de la gente es hilaridad, es similar a perseguir a caricaturistas y humoristas en general por mofarse del Presidente o de cualquier otro miembro del alto gobierno. La similitud entre esta conducta intimidatoria del régimen de Maduro con la del gobierno fascista del generalísimo Francisco Franco en España es más que ingrata.

En 1963, el Tribunal de Orden Público, creado por el gobierno de Franco ese mismo año, produjo su primera sentencia al condenar a un año de prisión al albañil Timoteo Buendía Gómez, quien pasado de tragos había gritado repetidamente en un bar de Madrid: “¡Me cago en Franco!” La condena fue por injurias graves contra el Jefe de Estado, las cuales bajo el lente de la dictadura fascista eran calificadas como delitos políticos.

En sus 14 años de funcionamiento, este tribunal produjo unos 4.000 fallos, la gran mayoría por el delito ya referido en el caso de Buendía, así como por la militancia en partidos y sindicatos ilegales y la difusión de propaganda no permitida. En 1967, José Santana Díaz fue también condenado a un año de prisión por haber dicho en tono jocoso: “Franco es una mierda y los que sirven con él también”, sin advertir que por su lado pasaban en ese momento unos soldados. En 1971, tres estudiantes son condenados a dos años de cárcel por pertenecer al proscrito Partido Comunista, el cual buscaba “por la fuerza la mutación de la vigente estructura estatal”, según lo expresado en la sentencia.

El Tribunal de Orden Público (TOP) fue disuelto en enero de 1977, un año y dos meses luego de la muerte del “Caudillo de España por la Gracia de Dios”; 20 años después, una ley declaró ilegítimo al TOP e injustas a sus sentencias.

No sabemos si Maduro querrá estar junto a Franco en los libros de historia o si incluso se plantea superarlo con el caso de los bomberos. Aunque éstos todavía no han sido condenados, las penas de que se habla, según las imputaciones de la Fiscalía, son entre 10 y 20 veces más elevadas que las referidas anteriormente para los adversarios del Generalísimo.

La legislación contra el odio seguramente se hará tristemente famosa, no sólo por condenar a gente inocente, sino por ser un siniestro instrumento de retaliación política y de represión de un régimen que se caracteriza por su odio contra quienes lo adversan. La condena de los bomberos Ricardo Prieto Parra y Carlos Varón García, ambos del estado Mérida, enlazará indefectiblemente a Nicolás Maduro con el dictador fascista Francisco Franco.