13 Jun, 2018 | El Gobierno nacional ha realizado un gran esfuerzo para subsanar el problema del transporte público, a sabiendas de que la crisis económica ha impactado en los suministros y repuestos para los vehículos; en ese sentido el Gobierno revolucionario ha servido de puente para la adquisición de baterías, aceite y en trámite los cauchos, así como algunos convenios con distribuidores de repuestos automotores para paliar un poco la situación y las personas tengan la facilidad de trasladarse a sus puestos de trabajo.

En el caso de Nueva Esparta, el jefe del PSUV regional, Dante Rivas, se reunió con todos los alcaldes y los representantes de todas las líneas de transporte público, donde se concertaron algunos acuerdos. Durante los tres días siguientes a la reunión la cosa comenzó a mejorar, pero fue solo alegría de tísico, porque al cuarto día se volvió a la situación original de falta de unidades para el transporte de personas; y según palabras del presidente Maduro, se estaba replicando a nivel nacional, por ello Nicolás lanzó una amenaza a quienes se quieran aprovechar del gobierno para burlarse del pueblo, y les dijo: "Se han dedicado a sabotearle el transporte al pueblo y yo no me voy a calar eso, no me la voy a calar. Llamo a mis hermanos transportistas al combate contra las mafias".

Por tal situación el mandatario nacional le pidió a los alcaldes hacer una reconfiguración de todas las líneas y permisos que tienen los prestadores del servicio de transporte; en este sentido el alcalde de Mariño (Porlamar), Francisco González, ha girado instrucciones para revisar cada una de las concesiones del municipio y convocar a una verdadera mesa de diálogo, para saber quiénes quieren ayudar y quiénes quieren "joder" al pueblo.

Como lo ofreció Maduro, las puertas están abiertas para todo aquel que desee apoyar y buscar soluciones en beneficio de la mayoría.

El que quiera "tomarle el pelo" al Gobierno tendrá que ver qué hace, porque el transporte público es un servicio de primera necesidad y pudiese operar hasta la expropiación por utilidad pública de esas unidades; amén de aquellos transportistas que se han beneficiado adquiriendo unidades financiadas por el Gobierno nacional y las tienen para fines netamente privados, guardados en sus casas o engordando para revenderlas en dólares; a este tipo de personas la ley le caerá con mayor fuerza porque se están aprovechando no solo de la situación sino de los recursos que de buena fe el Estado les ha otorgado para tener un medio de sustento y contribuir con el transporte de sus coterráneos.

Hacemos un llamado a las comunas y consejos comunales para denunciar estos abusos y ser contralores en sus sectores, ubicar las unidades ociosas, además de realizar aportes para mejorar el transporte público en general. A quien no quiera contribuir se le revocará el permiso y se le otorgará a las comunas y consejos comunales que estén prestos a trabajar por su comunidad.