Orpanac expuso en España sobre la corrupción en Venezuela. / Foto: CORTESÍA

9 Oct, 2017 | La Organización para la Prevención Nacional de la Corrupción (Orpanac) participó en el XVIII Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas celebrado entre el 25 y 29 de septiembre en la ciudad de Madrid, España.

La ponencia del director de Orpanac, Juan Carlos Torcat, se centró en informar acerca de cómo el Gobierno venezolano utiliza la corrupción como forma de gestión para perdurar en el poder.

Torcat expuso sobre las consecuencias de las políticas de Estado para crear opacidad en Venezuela, y llevó evidencias del trato que le hace el Gobierno a tema de la transparencia. "Presentamos la entrevista que mantuve con la ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, quien nos explicó cómo a partir del 2002 comenzó la corrupción a gran escala en el país".

Torcat presentó también los casos de la Ley del Banco Central de Venezuela, que da al presidente la discrecionalidad para determinar la confidencialidad de la información que considere amenaza a la estabilidad monetaria; la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, en la que se expone que quien revele secretos podrá ser sancionado de 8 a 16 años, y la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, que coarta el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En cuanto al Poder Judicial destacó el caso Espacio Público vs. Contraloría, decisión N° 745 del 15 de julio de 2010 de la Sala Constitucional, donde se estableció que a pesar del carácter constitucional del derecho de petición, "en ausencia de ley expresa, y para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho fundamental a la información, se hace necesario: i) que el o la solicitante de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la información; y ii) que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada". Las decisiones sucesivas acatan el criterio vinculante, existiendo más de 15 sentencias que avalan lo dictaminado por la Sala Constitucional.

En lo que respecta al Poder Ejecutivo señaló que en el año 2012, un estudio arrojó que el 85 por ciento de las peticiones de información hechas a funcionarios de distintos organismos públicos no se respondieron y no existe ninguna sanción de ningún tipo en Venezuela por la violación de este derecho.

"Además no existe un organismo del Estado que vele por la transparencia y no hay ninguna sanción administrativa contra funcionarios que violen el derecho de acceso a la información pública, los organismos públicos no publican información que por ley corresponde, y no existe presupuesto para capacitación a funcionarios públicos con relación a este derecho", aseveró Torcat.

Sin embargo, Torcat también presentó algunos avances. "Es necesario reconocer esfuerzos a través de los años, en los ámbitos regionales y locales, de implementación de mecanismos legislativos tendentes a la defensa del derecho al acceso a la información pública, que no han logrado ser replicados en una ley marco nacional por haber sido aprobada únicamente en primera discusión en el año 2016 por la Asamblea Nacional y por la conflictividad política no ha logrado la aprobación definitiva del proyecto de ley. Contando únicamente con Ley de acceso a la información pública en los estados: Zulia, Nueva Esparta, Miranda, Anzoátegui y solo 16 municipios que han aprobado leyes de Acceso a la información Pública", indicó.

Para concluir Torcat destacó que se hace fundamental que la República adopte de forma definitiva una legislación nacional que ampare y regule el derecho al acceso a la información pública, y cuyo objeto sea asegurar el cumplimiento del ejercicio del derecho humano fundamental de acceder a la información pública y las garantías que tiene toda persona, consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados internacionales vigentes, ratificados por Venezuela en la materia y que permita al ciudadano común el ejercicio del mismo y que haga del Estado un gobierno transparente, donde no solo el ciudadano pueda ejercer el control social, sino transformar la conducta de antivalores que hoy por hoy prevalece en la gestión pública. Empoderando y estimulando el conocimiento de la importancia del saber ¿qué pasa con la cosa pública? Logrando hacer una política de Estado y moral la rendición de cuentas y acceso a la información pública, libre de sesgo político.