El hijo de los expresidentes Cristina y Néstor Kirchner, Máximo (c), llega hoy, a los tribunales federales de Retiro, en Buenos Aires. / Foto: EFE

6 Mar, 2017 | Buenos Aires. La Justicia argentina avanzó hoy en la investigación de los supuestos delitos de corrupción cometidos en el kirchnerismo (2003-2015) con la declaración como imputados de los hijos de los expresidentes Cristina Fernández y Néstor Kirchner, que negaron los cargos y se declararon víctimas de una persecución.

"Me veo obligada a aclarar que en ningún momento de mi vida integré una asociación ilícita criminal ni tampoco participé en maniobras de lavado de activos de origen ilícito ni en ningún otro delito", afirmó Florencia Kirchner, de 26 años, en un escrito presentado ante el juez del caso, Claudio Bonadio, en el que también pidió el levantamiento del embargo que pesa sobre sus ingresos laborales.

La joven fue la primera en acudir este lunes a los tribunales de Buenos Aires, luego de que en febrero pasado Bonadio citase, entre otros, a Fernández -presidenta entre 2007 y 2015-, sus hijos y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, que ya comparecieron días atrás acusados de los mismos delitos.

Según informaron a Efe fuentes judiciales, Florencia, si bien no respondió preguntas ante las autoridades judiciales, presentó un escrito en el que además de negar los cargos aseguró que la llaman solamente "por ser la hija de Cristina y Néstor", quienes junto a Máximo fundaron Los Sauces en 2006, cuando ella solo contaba con 16 años.

Sin embargo, tras la muerte en 2010 de Néstor Kirchner, que presidió el país entre 2003 y 2007, su hija se convirtió en heredera de parte de la empresa.

Máximo, de 40 años, que actualmente es diputado por el kirchnerista Frente para la Victoria, tampoco respondió preguntas y consideró un "verdadero disparate" sospechar que el pago de alquileres a "Los Sauces" fuera parte de "retornos" por la concesión de obra pública.

En medio de un fuerte dispositivo policial, en los exteriores de los tribunales federales, situados en el porteño barrio de Retiro, numerosos militantes del kirchnerismo, entre ellos la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se congregaron para apoyar a los imputados con banderas y consignas.

La causa Los Sauces se inició en abril del año pasado tras una denuncia de la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra Fernández y sus hijos, en la que les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero relacionados con supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.

En su demanda, Stolbizer señaló que pudo utilizarse la empresa para recibir, mediante arrendamientos de propiedades, transferencias millonarias de parte de esos empresarios, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.

Carlos Rívolo, fiscal del caso, aceptó esa denuncia y pidió investigar como imputada a la expresidenta y su familia, por lo que decidió convocarlos el juez, quien una vez haya terminado de tomar todas las declaraciones decidirá si dicta su procesamiento, es decir, si abre un proceso penal contra ellos que desemboque en la apertura de un juicio oral.

Fernández, que deberá acudir a declarar este martes, reitera desde hace meses que es víctima de una persecución política, mediática y judicial y acusa a su sucesor en la Presidencia, Mauricio Macri, de impulsar ese hostigamiento.

El pasado viernes, en un escrito, la ex jefa de Estado pidió eximir de prisión a su hija después de que, según dijo en Facebook, le hubieran "informado" de que Bonadio quería ordenar su detención.

Poco después, Rívolo consideró que no había condiciones de detención al no haber peligro de fuga ni entorpecimiento de la causa y el juez acabó concediendo la exención de prisión a la joven.

Del mismo modo, tampoco se espera Máximo quede detenido por el momento, ya que posee fueros en su condición de parlamentario, mientras que Fernández, que no ostenta ningún puesto público, remarcó el viernes que no tiene ni tendrá "temor alguno en enfrentar cualquier cargo" que se le imponga, incluso si para ello debe quedar detenida.

Entre las medidas dispuestas desde la apertura de la causa, Bonadio ordenó varios allanamientos, embargar sueldos, intervenir la sociedad, tasar todas sus propiedades y pedir a la justicia de Estados Unidos información sobre una cuenta bancaria que perteneció a Néstor Kirchner.

En un escrito presentado ante el juez, López aseguró la semana pasada ser "ajeno a la supuesta organización delictiva" que se investiga y Báez añadió desconocer detalles de operaciones entre Los Sauces y sus empresas.

Hasta ahora, la ex jefa de Estado se encuentra imputada por la Fiscalía en varias causas y procesada judicialmente en dos: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión, y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública, en la que también está acusado Báez y diversos miembros del anterior Gobierno argentino.

Al mismo tiempo, otra de sus empresas, Hotesur, también dedicada al sector inmobiliario, es objeto de investigación por presuntos retornos económicos a la ex familia presidencial por parte de empresarios como Báez.