24 Ene, 2017 | Desde hace días he venido escuchando voces de sorpresa entre los emprendedores y prestadores de servicio hotelero y de restauración, dentro de la jurisdicción del municipio Antolín del Campo y en especial los que se encuentran en las áreas que comprenden el Decreto Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso y Zona de Interés Turístico Punta Cabo Blanco Punta Cazonero, por el incremento desmesurado de los porcentajes de ingresos para el pago de los impuestos municipales, calculados en base a las ventas brutas que hacen las distintas empresas. Si bien entendemos la difícil situación financiera que están atravesando los alcaldes en el país, no menos cierto es que los gerentes municipales están, por un lado, obligados legal y constitucionalmente a consultar con su comunidad y la ciudadanía de su jurisdicción los planes de acción y medidas ejecutivas y por el otro, las alcaldías deben navegar en consonancia con los planes nacionales aprobados por el Gobierno nacional y vinculados a sus áreas de influencia. Es decir, tenemos de una parte, a una Ministra del Turismo, Marleny Contreras, que de manera eficiente y conjuntamente con el gobernador del Estado Carlos Mata Figueroa, vienen impulsando la ejecución y construcción del Bulevar de Playa El Agua como mecanismo incentivador del turismo receptivo de la Isla, y por otra parte tenemos al ciudadano Presidente de la República, Nicolás Maduro, que de manera franca y abierta ha señalado que el país y sus instituciones deben impulsar una nueva riqueza basada en actividades innovadoras y no en la economía rentista y petrolera. Precisamente por ello se ha creado con la coordinación de la Vicepresidencia de la República, diversos motores de la economía en donde el Motor Turismo cumple un rol protagónico ya que es bien sabido que nuestro hermoso país cumple con lo más importante para destacarse a nivel continental: sus bellezas naturales y su pueblo abierto y amable siempre listo para un sonrisa a sus visitantes foráneos. Creo personalmente que la ciudadana alcaldesa del municipio Antolín del Campo, Olga de Salazar, se ha dejado asesorar mal y además presionada quizás por el déficit municipal, omitió pensar en el peso de su medida que va directamente en contra de los planes estadales y nacionales para la actividad turística en su municipio. Una vez más se demuestra que la coordinación entre las instituciones es fundamental para el éxito de las políticas públicas y por ello desde esta columna semanal hago un llamado a las autoridades locales en dicho municipio para que rectifiquen en su ordenanza y busquen de manera mancomunada con la Gobernación, las autoridades de Mintur (Ente rector de la Zona Especial) y la comunidad emprendedora (empresarios y trabajadores) las soluciones efectivas y no efectistas para alcanzar un equilibrio entre presupuesto público y prioridades locales, estadales y nacionales. No nos olvidemos que cada vez que se afecta una actividad de emprendimiento privado, además de golpear al inversionista también se daña a todo el entorno, es decir, a sus trabajadores, a sus proveedores, a sus contratistas, es decir a todo un círculo que de manera directa o indirecta, en este caso, debería ayudar en la reactivación del aparato productivo turístico en la zona geográfica del Antolín del Campo, que se ha visto además bendecida con estos planes nacionales de desarrollo. Confío en que se impondrá desde el Despacho de la Alcaldesa una sana crítica y esta Ordenanza sufra las modificaciones necesarias para seguir luchando juntos por una playa El Agua prospera y pujante, digna de su belleza natural, regalo de Dios para Venezuela y el mundo.