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Medidas anticorrupción abren conflicto de poderes
El texto base del paquete de medidas fue aprobado en Brasil prácticamente por unanimidad, con una mayoría de 450 votos contra uno, pero la propuesta es rechazada por los fiscales.
EFE

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Los responsables de la investigación del caso Petrobras amenazaron ayer con renunciar al caso. / Foto: EFE

30 Nov, 2016 | BRASILIA. La Cámara baja de Brasil aprobó este miércoles unas nuevas medidas contra la corrupción, que aún deberán ser refrendadas por el Senado pero que ya abrieron frentes de conflicto con el Poder Judicial, que denunció maniobras para inhibir a los magistrados.

El proyecto endurece las penas contra algunos delitos de corrupción, pero introduce un polémico párrafo sobre los “abusos de autoridad” en que incurran jueces y fiscales, que pudiera ser condenados a prisión por causas genéricas, como actuar con “motivaciones político-partidarias”.

Esa ha sido una acusación recurrente de los sectores políticos salpicados por la investigación del escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, por lo que la propuesta ha generado un fuerte rechazo entre los fiscales del Ministerio Público, quienes temen una maniobra de “intimidación” contra el proceso.

En una rueda de prensa, los responsables del caso Petrobras amenazaron ayer con renunciar al caso si esa propuesta fuera aprobada en el Senado.

El fiscal Carlos Fernando dos Santos, que trabaja en ese asunto, aseguró que esa propuesta impedirá “la continuidad de cualquier investigación sobre poderosos, parlamentarios y políticos y “crea una intimidación” y un “riesgo personal” para los miembros del Poder Judicial.

En la misma rueda de prensa, el fiscal Deltan Dallagnol, uno de los coordinadores del caso Petrobras, aseguró que la propuesta aprobada por los diputados supondrá “el fin” de ese proceso y dejará “herido de muerte al Estado de derecho”.

Los fiscales explicaron que todos los miembros del Poder Judicial están actualmente bajo las mismas leyes penales y civiles que rigen para todos los ciudadanos y que fórmulas como las propuestas por los diputados representan un “claro intento de intimidar e inhibir” las investigaciones contra “poderosos”.




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