13 Oct, 2015 | Si alguien tenía dudas, en relación a la ausencia de imparcialidad política de los grandes medios de comunicación privados del país, la actual campaña electoral debe haberlas despejado completamente. Todo ese cuento de la libertad de información, con la que se llenan la boca no es más que eso: un cuento. Su libertad radica en actuar en función de sus intereses personales y económicos. Las grandes televisoras venezolanas respondían en el pasado a las fuerzas opositoras tradicionales o restauradoras, hoy agrupadas en la MUD. Radio Caracas TV y Globovisión fueron un claro ejemplo de esa “libertad” de información, realmente de desinformación. El Gobierno, actuando cual es, sin hipocresía ninguna, no renueva la señal de Radio Caracas TV y obliga a la venta de Globovisión bajo la misma amenaza. Sus nuevos dueños, controlados gubernamentalmente, asumen una posición supuestamente imparcial pero siempre siguiendo las políticas y decisiones gubernamentales.

El cuento de Venevisión no es muy diferente. Después del Golpe de Estado, se plegó a las directrices gubernamentales mediante un acuerdo con Chávez, que continúa hasta el presente. Televen sufrió el mismo proceso. Tenemos tres televisoras privadas nacionales, que distan mucho de ser independientes y que siguen lineamientos políticos gubernamentales, que en este momento electoral están alrededor de reforzar la polarización entre el Gobierno y la MUD. En esta directriz la MUD está involucrada, pues fue concertada con ella y se favorece de la misma, como se ha favorecido todos estos 17 años. Cualquiera que vea los programas de opinión de los canales señalados observará como alternan a los candidatos del Gobierno y de la MUD, como si fueran los únicos actores en esta contienda electoral. Los partidos y grupos que se presentaron como opciones distintas son totalmente ignorados e invisibilizados; no se quiere que se conozcan, lo que significa que algo tienen en su mensaje, que preocupa a los dos grupos hasta ahora hegemónicos.

Estas acciones son completamente inconstitucionales, pues la Carta Magna no permite el ocultamiento de información ni la presentación de realidades incompletas. El espectro radioeléctrico y televisivo es propiedad de todos los venezolanos, razón por la cual quienes lo usan no pueden utilizarlo en contra del derecho a estar informado de nuestro pueblo. El Gobierno, que es quien está detrás de toda esta perversión, no sólo utiliza delictivamente a la televisora del Estado, donde no hay sitio para nadie diferente del PSUV, sino que impulsa una acción similar en las televisoras privadas, convirtiendo en cómplices a sus propietarios y gerentes. Como situaciones de este tipo son contrarias también a la ética periodística, el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.