8 Oct, 2015 | Es harto conocido el secretismo tramposo al que el régimen ramplón nos tiene acostumbrados. A veces con medias verdades y otras –la mayoría- mentiras completas. La verdad nunca.

Es posible que cualquier historiador alegue que son conductas recurrentes a través de la historia y que al final quedarán como anécdotas de la picaresca política criolla; las cuales, en algunos casos producirán vergüenza ajena y en otras, como en este, daños incuantificables.

Lo que sí es grave para con el país y sus ciudadanos es cuando un gobierno asume la opacidad como política de Estado, obviando –ex profeso- la transparencia que debe, obligatoriamente, acompañar todas sus acciones y decisiones.

Esta afirmación está más que sustentada en hechos reales: La enfermedad del Tcnel., por ejemplo, estuvo rodeada de una vaguedad descarada y anárquica. Uno decía una cosa, otro lo contradecía, llegándose al extremo que todavía hoy se desconfía de la verdadera fecha de su muerte. Otro más reciente, la caída del Sukhoi S 30 (luego se supo que escoltaba el avión de Pdvsa que llevaba al narcoterrorista Timochenko a La Habana), que hasta el sol de hoy nadie ha explicado con claridad. Igual sucedió con la explosión de Amuay que dejó más de 100 fallecidos. Primero explicaciones cantinfléricas, luego silencio total.

Pues bien, cuando esa política de opacidad se lleva a los indicadores económicos, salud y educación, y se oculta o deforma la información, entonces entramos en un problema alarmante para el país y sus ciudadanos.

El Banco Central no suministra desde hace 10 meses cifras macroeconómicas y cuando las publicaban estaban maquilladas y alteradas, lo que impide el escrutinio público e imposibilita a las fuerzas productivas diseñar sus estrategias de crecimiento y desarrollo. Las autoridades de la salud esconden el número de contagiados por malaria, Chagas, paludismo, el deplorable estado de los hospitales, omite cifras del cáncer de mama y oculta el número de muertes por la ausencia casi total de medicinas, entre otras muchas omisiones. Se prohíbe informar oficialmente sobre el número de fallecidos que entran a la morgue y se eliminó la oficina de prensa del Cicpc para disfrazar las cifras de criminalidad. Las autoridades educativas y turísticas inventan y adulteran estadísticas que no se corresponden con la realidad.

El acceso a la información pública es un Derecho Humano que se nos ha ido negando progresivamente. Sin embargo, cada día se le hace más complicado al régimen silenciar la verdad, pues la realidad nos muestra a diario lo que verdaderamente ocurre en un país que se cae a pedazos.

Por lo pronto hay algunos indicadores que nos dan una idea de lo grave de la situación: En Libertades Políticas (Freedom House), Venezuela es número 192 de 195 países; en libertades económicas (Heritage), posición 176 de 178; en transparencia (Transparencia Internacional) relacionada con la corrupción, en el puesto 161 de 175; en asesinatos por cada mil habitantes (ONU) ocupamos el segundo lugar del mundo. Así están las cosas. Pobre Venezuela.