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Militarizado el castillo de Pampatar
Tenemos entonces que mientras los rojitos se mantengan en el poder, el militarismo gozará de buena salud en Venezuela, a pesar de su impacto negativo en la sociedad.
Carlos Villalba-Luna | villalbaluna@gmail.com

5 May, 2015 | En sociedades democráticas el poder militar rinde vasallaje al civil. La actuación castrense se limita a la protección del espacio territorial y al mantenimiento del orden público en situaciones excepcionales de emergencia. Mientras menos se nota su accionar en la cotidianidad, es demostración de que la voluntad ciudadana reina por encima del maniqueísmo del hombre armado, para quien el mundo se limita a la dualidad entre amigos y enemigos, y a obedecer órdenes sin chistar ni sopesar consecuencias.

Por eso en el Gobierno nacional, de muy evidente condición militarista, abundan en los cargos funcionarios salidos de los cuarteles, muchos sin más méritos que ser militantes activos o acérrimos defensores del chavomadurismo. Por eso también escuchamos un lenguaje plagado de palabras y frases bélicas, como salas de batalla, combatientes y guerra económica, salpicado por otras tomadas del léxico comunista, como camarada y comuna.

Tenemos entonces que mientras los rojitos se mantengan en el poder, el militarismo gozará de buena salud en Venezuela, a pesar de su impacto negativo en la sociedad. Un ejemplo cercano, aquí mismo en Margarita, se vive en Pampatar, cuya bahía y casco histórico prácticamente están bajo dominio militar, salvándose solo la iglesia del Cristo del Buen Viaje y la sede de la Alcaldía de Maneiro.

Lo denunció Mario Rosa en su discurso del día del Santo Cristo, al deplorar la toma del castillo San Carlos de Borromeo por un pelotón de milicianos, que poco conocen su historia ni la importancia que tiene para el pueblo de Pampatar; y lo ratificó el diputado Orlando Ávila, al decir que primero se apoderaron del muelle, luego de la sede de Fondene, bajo el pretexto de mayor seguridad en el casco central; y ahora se adueñan de la fortaleza, por decisión unilateral del gobernador, pasándole por encima a la gente del puerto, sin consulta y sin anestesia.




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