Rueda de prensa. / Foto: STEPHANY OLDAN

4 Mar, 2015 | Las personas que fueron desalojadas de sus puestos de trabajo por la demolición de sus locales en playa El Agua, municipio Antolín del Campo, continúan en pie de lucha para que sus quejas e inquietudes sean escuchadas por el gobernador Carlos Mata Figueroa y el ministro de Turismo, Andrés Izarra.

En un principio se les prometió la reubicación antes de la demolición, pero eso no se ha cumplido.

La mañana de ayer, quienes conforman el Comité de Víctimas de Playa El Agua volvieron a alzar sus voces para reclamar por el compromiso establecido y aclarar que no están en contra del proyecto de saneamiento de la playa, el cual se vislumbra -según dijeron- como impulsador del turismo; sino que, explicó Jaime González, se les incluya en este plan de ordenamiento.

González, al igual que todos integrantes del Comité de Víctimas de Playa El Agua, se siente desesperanzado, pues además de la demolición de sus puestos de trabajos, sin documento u orden por escrito, les impiden en muchas ocasiones ocupar un espacio en el balneario para ejercer su actividad comercial.

"La inclusión en el proyecto" es la propuesta elevada a las autoridades por este grupo de padres y madres de familia que quedaron desempleados. Indicaron que con el desalojo y demolición de las estructuras también destruyeron años de trabajo, esfuerzo e inversión.

El 17 de febrero, miembros del Comité entregaron en la Defensoría del Pueblo un documento en el cual solicitaron se reparen los daños sociales causados y se establezca una mesa de diálogo para lograr su inclusión en el nuevo proyecto; sin embargo, a la fecha esta medida ha sido infructuosa.

Recursos

Henry Jaspe, director de la ONG Nueva Esparta en Movimiento y colaborador del Comité de Víctimas, informó que piensan en aplicar otras acciones judiciales como un recurso de amparo para obtener una respuesta.