1° Mar, 2015 | Este año se cumplieron 26 años de aquel 27 de febrero cuando la sociedad venezolana fue estremecida por una explosión social que tuvo su origen en la ciudad de Guarenas, estado Miranda, se extendió a Caracas y se propagó a las principales ciudades de Venezuela, como consecuencia de las medidas económicas impuestas por
el gobierno de Carlos Andrés Pérez, a solo 25 días de haber asumido su segunda presidencia.
Este hecho histórico de enorme trascendencia política para el país se sentía venir ante el anuncio basado en las recetas financieras del Fondo Monetario Internacional (FMI). El gobierno de CAP buscaba liberar la economía, privatizar empresas del estado, aumentar el precio de la gasolina y del transporte público, así como el de los servicios públicos. Al comienzo protestaban los estudiantes universitarios y de educación media, pero luego se sumó el pueblo de Guarenas, que salió a la calle en defensa de sus propios intereses.
Aun cuando este era un hecho
presentido, su acontecimiento tomó por sorpresa a muchos. Al caer la tarde la insurrección se había extendido a toda Caracas y poblaciones vecinas dejando un doloroso saldo de muertos y heridos. Sin dirección política, el movimiento espontáneo de masas populares se dedicó al saqueo y a la destrucción de oficinas públicas y negocios.
El Gobierno militarizó el país, suspendió las garantías constitucionales y ordenó a las unidades militares sofocar a sangre y fuego la rebelión popular.
Años después, aún se mantiene la controversia sobre si se pudo evitar o no el horror que Venezuela vivió este día. Se ha señalado que algunos Ministros habían alertado al Presidente Pérez sobre la posibilidad de un estallido social, y hasta le recomendaron que decretara toque de queda. No lo entendió así el gobierno, y ocurrió lo que sabemos.
La militarización vino después, con las consecuencias lamentables ya conocidas, de un número de víctimas aún no reconocidas oficialmente, pero que se estima en más de tres mil, entre muertos, heridos y desaparecidos, sin contar los innumerables comercios saqueados y destruidos.
Aquel 27 de febrero, de triste recordación para los venezolanos, debe constituir una referencia obligada de lo que no debe volver a suceder jamás en nuestra país y que todos, indistintamente nuestra condición social, económica, política o religiosa, debemos poner nuestro empeña para que no se repita ese día que quedará marcado en los anales patrios como el lado oscuro de nuestra conducta cívica.