27 Ene, 2015 | Henrique Capriles en la campaña de 2012 dio un viraje para acercarse al modelo económico y social del chavismo. Sustituyó la defensa abierta del modelo neoliberal por una nueva propuesta, la del progresismo. En su momento, hubo quienes calificaron al nuevo discurso de Capriles en relación a la economía y las misiones sociales como una acción útil para la búsqueda de votos, pero que no reflejaba sus verdaderas convicciones. Que todo obedecía a razones electorales.

Otros pensaron que sí, que se había producido un cambio en las formas de pensar de ese sector de la oposición. Que se compartían con el Gobierno elementos del modelo vigente, por lo que no se podía plantear una ruptura como la que proponían María Corina machado y Leopoldo López.

Ahora, con las dificultades económicas por las que atraviesa el país, la disminución de los precios del petróleo y el descenso de la popularidad del Presidente en las encuestas, quienes dirigen la oposición consideran que ya no hay por qué dejar de lado la estrategia de ruptura con el modelo, ya que estarían dadas las condiciones para su sustitución completa. En lugar de mejorar el sistema y superar la ineficiencia gubernamental se estima que está planteado un cambio radical, más profundo que el esbozado en los noventa.

De allí la decisión de cuestionar de modo directo el sistema vigente, aunque todavía no se precisan las características del sistema sustituto. La dificultad reside en que a pesar del descontento por la escasez, los valores del actual modelo se han sembrado en el conjunto de la sociedad y de ellos son partidarios tanto electores chavistas como opositores. Tienen amplio consenso, entre los electores de ambos sectores, elementos como la distribución del ingreso, la existencia de un importante sector público de la economía, la presencia regulatoria del Estado, la primacía del interés popular, el control y la supervisión de precios, las leyes laborales y la integración de las economías suramericanas.

Sin embargo, el Gobierno ha incurrido en numerosas desviaciones en la aplicación del modelo y ha cometido graves errores en las políticas macroeconómicas en las que éste se desenvuelve. Ese es el punto débil. Así que los mecanismos de la descalificación de quienes adversan el modelo actual están dirigidos a crear una amalgama entre éste y la ineficiencia, como si le fuera consustancial, cuando se sabe que son cuestiones distintas. Es un asunto a la vez comunicacional y de desempeño. Para que un modelo popular se mantenga de pie es necesario que funcione y dé respuestas a los problemas de la gente. En consecuencia, el Gobierno tiene que corregir y rectificar. De no ser así, vendrá la revancha de los poderes fácticos.