La liberación de los soldados es parte de los convenios para dejar libre al general. / Foto: EFE

25 Nov, 2014 | Los soldados César Rivera y Jonathan Díaz, liberados este martes en una zona rural del departamento de Arauca, en el este de Colombia, partieron hacia Bogotá acompañados de miembros del Ejército para reunirse con sus familias, informaron a Efe fuentes oficiales.

Rivera y Díaz, quienes fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado 9 de noviembre, partieron del aeropuerto de Tame, en Arauca, en un avión militar que tiene previsto aterrizar en la base de Catam, en la capital colombiana, sobre las 13.15 hora local (18.15 GMT).

Las mismas fuentes precisaron que no se permitirá el acceso de medios de comunicación en aras de garantizar la privacidad de los soldados, a los que recibirán a pie de pista sus familiares.

Antes de partir hacia Bogotá, Rivera y Díaz pasaron por un control médico para comprobar su estado de salud, que fue analizado de forma preliminar por una médica del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organismo que les recibió de manos de las FARC y que les atendió en la misma zona de entrega.

La liberación de ambos fue pactada entre el Gobierno y las FARC tras la crisis desatada por el secuestro del general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, ocurrida el 16 de noviembre en el departamento del Chocó (noroeste) y que dio lugar a la suspensión del proceso de paz que se adelanta en Cuba.

Ahora queda pendiente la entrega del general y sus acompañantes, objetivo en que las FARC aseguraron el martes estar concentrados tras la liberación de los soldados, en tanto que el ministro de Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, confió en que su libertad se produzca "muy pronto".

Para que esta se concrete, la guerrilla debe facilitar al Ejército las coordenadas geográficas exactas para la entrega, a lo que las Fuerzas Militares responderán con la suspensión temporal de su actividad para permitir la entrada del equipo humanitario del CICR.

Mientras ese momento llega, en el Chocó permanece activo el despliegue de 500 soldados enviados a la zona tras el secuestro.

Allí, la otra guerrilla de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene durante todo el día martes un paro armado que restringe los desplazamientos en la región.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) ratificaron este martes la necesidad de que cese el despliegue del Ejército colombiano en el departamento del Chocó, para iniciar el dispositivo de liberación del general Rubén Darío Alzate, el cabo primero Jorge Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urrego, asesora de proyectos especiales del Ejército.

En declaraciones a Telesur, el Pastor Alape, delegado de las Farc-EP en Cuba, informó que en el Chocó "se siguen presentando sobrevuelos de inteligencia técnica, se han dado nuevos desembarcos en áreas concretas".

"Las unidades guerrilleras requieren que amaine la situación operativa para poder hacer los desplazamientos pertinentes para que se cumplan los protocolos y se pueda desarrollar con éxito la tarea que se ha encomendado a los países acompañantes (Cuba y Noruega), al Comité Internacional de la Cruz Roja para poder cumplir el compromiso y presentar al país un resultado exitoso para que se siga afianzando el proceso" de paz, declaró Alape.

Apuntó que se espera que "lo más pronto posible" se inicie el dispositivo de liberación del general Alzate y sus acompañantes, retenidos el 16 de noviembre pasado.

"Esperamos que los operativos dirigidos por el Ministerio de Defensa y el sitio militar contra la población civil (en la población del Chocó) se suspendan de inmediato, para que la liberación de las personas mencionadas trascurra sin sobresaltos y sin riesgos para ninguna de las partes", señala.

El grupo insurgente ha ratificado su disposición de liberar al general, quien violó los protocolos de seguridad al entrar en una zona roja del departamento del Chocó (oeste) vestido de civil.

El conflicto armado en la nación suramericana ha dejado casi 4 millones de desplazados y 600.000 muertos en aproximadamente 50 años. En él han tomado parte grupos insurgentes, paramilitares de derecha y organizaciones relacionadas con el narcotráfico.