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A juicio expresidente del Banco Canarias por corrupción
Al presentar la acusación ante el Tribunal 11 de Control de Caracas se pidió que se mantenga la medida privativa de libertad para Álvaro Gorrín Ramos.
EFE

Foto: ARCHIVO

Mantendrán privativa de libertad. / Foto: ARCHIVO

16 Sep, 2014 | La Fiscalía de Venezuela acusó este martes formalmente de los delitos de apropiación de recursos de ahorristas y asociación para delinquir al expresidente del Banco Canarias, Álvaro Gorrín Ramos, de origen español, apresado en julio pasado.

La Fiscalía presentó la acusación ante el Tribunal 11 de Control de Caracas con la petición de que se mantenga la medida privativa de libertad para Gorrín, de 66 años, quien permanece recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en Caracas, según una nota de prensa del Ministerio Público.

Gorrín fue detenido en un restaurante caraqueño por agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Contra el exbanquero pesaba orden de aprehensión desde diciembre de 2009, un mes después de que las autoridades intervinieran el Banco Canarias y otros tres (Bolívar, Pro Vivienda y Confederado), todos ellos parte de un mismo grupo financiero, debido a las presuntas irregularidades en sus operaciones.

Entre las presuntas "irregularidades" detectadas en esas entidades están además la apropiación de recursos de ahorristas, el aumento de capital sin especificar el origen de los fondos y el incumplimiento con los índices patrimoniales, según la información oficial ofrecida entonces.

El entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fallecido en marzo de 2013, ordenó en ese momento la toma de control de buena parte de las empresas pertenecientes a los banqueros investigados, entre ellas, las de alimentos, distribución y seguros, y pidió además que fueran intervenidas las que poseyeran en el exterior.

El caso desató en su momento una lluvia de denuncias sobre una presunta trama de corrupción en sectores privados, adicional a las admitidas e investigadas en sectores de la administración pública.














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