2 Sep, 2014 | Los graves problemas políticos, económicos y sociales que vivimos tienen estrecha relación con el papel que ha jugado el Estado como principal agente transformador de la sociedad. Este modelo político y económico donde el Estado maneja y controla todo ha fracasado rotundamente en otros países y aquí no será la excepción. La sociedad venezolana no puede depender del Estado. Eso es definitivamente absurdo.

Desde el punto de vista económico, la solución está en la producción de bienes y servicios para la satisfacción de nuestras necesidades sustituyendo poco a poco las importaciones, abrir más fuentes de trabajo, reducir los costos de la abultada nómina pública e invertir más eficientemente en servicios de seguridad, educación, salud y justicia. ¿Qué hace el Estado con negocios de cabilla, cemento, hoteles, supermercados, areperas, y hasta equipos de baloncesto y fútbol profesional? Es obvio que habrá que mantener ciertas políticas sociales ante un ingreso familiar cada vez más comprometido por el alto costo de la vida derivado de la inflación, la escasez y el desabastecimiento que nos azota para frenar el proceso de empobrecimiento creciente de la mayoría de los venezolanos.

Maduro, tan terco como el anterior mandatario, acaba de señalar que: "cuando las captahuellas estén funcionando en los supermercados y tiendas para controlar las compras, la oposición saldrá a aplaudir la medida". Tal apuesta debe ser aceptada por los sectores democráticos. En primer lugar, esa medida es inconstitucional porque viola los artículos 117 y 305 de la Constitución, referidos a los derechos que tenemos todos "a disponer de bienes y servicios de calidad, libertad de elección y un trato justo y equitativo" y la obligación del Estado de garantizar la seguridad alimentaria "entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor". Como podrá observarse claramente, el gobierno nacional está violando tales disposiciones constitucionales y afectando el derecho de todos los ciudadanos. En segundo lugar, tenemos el legítimo derecho a la protesta pública y pacifica garantizada en la propia Carta Magna y por último tenemos derecho a luchar por un cambio político constitucional, electoral y pacífico que devuelva la democracia, la justicia, la reconciliación y la paz a los venezolanos.

En Nueva Esparta tenemos mucho que opinar sobre lo que declaran los voceros oficiales. No hace mucho, Dante Rivas, ministro de Comercio, declaró acerca de un "reinvento del Puerto Libre con mercancía nacional". Tal afirmación confirma, por un lado, el desconocimiento de la visión de nuestro Libertador Simón Bolívar con respecto a Margarita hecha en Guayaquil en 1829, luego, ese sistema aduanero y fiscal funciona con mercancías importadas, con las exenciones legales correspondientes y por último, de cuáles mercancías nacionales habla el ministro Rivas, si aquí importamos casi el 75% de lo que consumimos y usamos.

El problema es el modelo político y económico. Tiene que haber un cambio urgente y necesario. Un modelo políticamente más democrático, socialmente inclusivo, que responda al país, sin exclusión alguna. Para eso existe la oposición, para presentar una alternativa viable y coherente que nos saque de este desastre.