Danilo Medina, presidente dominicano. / Foto: CORTESIA

01 Dic, 2013 | El presidente dominicano, Danilo Medina, activó el sábado un plan nacional para la regularización de los extranjeros, que sigue al polémico fallo dictado por el Tribunal Constitucional local que define quiénes tienen derecho a la nacionalidad y que ha provocado serias fricciones con Haití.

La medida cumple con el mandato de la ley general de migración y de lo dispuesto por la sentencia del Tribunal Constitucional, que establece que aquellas personas "en tránsito" y sus descendientes no tienen derecho a la nacionalidad dominicana, lo que supone afecta a centenares de miles de residentes irregulares haitianos en el país.

El decreto para la regularización firmado por Medina contiene los criterios que servirán para establecer el tiempo de radicación, el arraigo con la sociedad y las condiciones laborales y socioeconómicas de los extranjeros en territorio dominicano.

"Se cumple así el objetivo de dotar al país de una regulación migratoria moderna, transparente y funcional para los extranjeros en situación migratoria irregular", explicó un comunicado oficial difundido por la Presidencia dominicana.

El plan nacional de regularización permitirá ejercer la soberanía nacional y dar protección legal a los extranjeros en territorio dominicano, independientemente de su país de origen, agregó el documento.

La disposición crea mecanismos expeditos y de acompañamiento para la tramitación de las diferentes categorías migratorias, como residencias permanentes, temporales o no inmigrantes, en beneficio de todas las personas que deban acogerse a esta regulación y satisfagan los requisitos establecidos.

En ese sentido, se tomarán una serie de criterios en consideración como tener hijos nacidos en el país, estudiar, hablar y escribir español, residir en un domicilio fijo, convivir con un dominicano y carecer de antecedentes penales.

La medida también establece la necesidad de que el extranjero demuestre vínculos de tipo laboral o socioeconómico con República Dominicana.

La sentencia del Tribunal Constitucional dominicano ha creado una crisis con Haití, que asegura que la medida coloca en situación de apátridas a centenares de "dominicanos de ascendencia haitiana".